El Vaticano cuenta desde hoy con una única ley marco para todos los contratos y licitaciones vinculadas a cualquier departamento vaticano. Bajo el nombre ‘Reglas sobre transparencia, control y competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano’, esta normativa tiene la forma ‘motu proprio’ papal. Se compone de 86 artículos, que cuenta además con otros 12 en los que se abordan los procedimientos en caso de litigio judicial. Así quedarán dentro de un mismo paraguas tanto las normas que regían al APSA –la empresa que controla todas las propiedades vaticanas–, como al Governatorato, y se saca del limbo legal a todas los demás organismos eclesiales que hasta ahora no tenían un protocolo propio para estas cuestiones.
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El que podría denominarse “código único” pontificio es fruto de cuatro años de trabajo que viene a responder a la petición de Francisco para “promover la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de los contratos públicos firmados” por la Santa Sede y el Estado Vaticano. De hecho, con esta reforma legislativa, la Santa Sede asume la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
Administración fiel y honesta
De esta manera, Roma busca borrar toda sombra de duda en torno a los claroscuros en sus finanzas y las adjudicaciones a dedo, que a lo largo de estos años ha generado unos cuantos escándalos. El más reciente, la operaciones inmobiliarias realizadas con unos pisos en Londres.
En la introducción de la nueva normativa, el Papa subraya cómo “en la gestión de los bienes públicos se hace necesaria ahora más que nunca la exigencia cuidada y urgente de un administración fiel y honesta”. Es más, Francisco llega a afirmar que “la diligencia de un buen padre de familia es el principio general y de máximo respeto, sobre la que todos los administradores están obligados a cumplir sus deberes”. No en vano, sanear las cuentas vaticanas y acabar con las corruptelas curiales ha sido una de las mayores preocupaciones del Papa argentino y así lo ha manifestado en numerosas ocasiones.
Igualdad de trato
Tomando la Doctrina Social de la Iglesia como eje fundamental, se busca garantizar “igualdad de trato y no discriminación de los licitadores” a cualquier empresa o persona que preste un servicio, realice una obra o gestione una operación en el ámbito eclesial. Para ello, se habilitan herramientas y cauces tanto para un uso sostenible de los fondos internos como para los procedimientos de adjudicación para que sean “objetivos e imparciales”.
En este sentido, se subraya que quedarán fuera de cualquier posible contrato con la Santa Sede cualquier sujeto o entidad que esté sometido a una investigación o esté condenado en primera instancia por “participación en una organización criminal, por corrupción, fraude o delitos de terrorismo”, así como por blanqueo o explotación infantil. De la misma manera, se impide cualquier tipo de vinculación con paraísos fiscales.
Contra la prevaricación
De la misma manera, se busca acabar con el fraude y la prevaricación a la hora de establecer contratos con familiares del personal del vaticano, detallando una serie de “incompatibilidades”, incluyendo, por ejemplo, el parentesco de “hasta cuarto grado”.
A la vez que acabar con las corruptelas internas, la Santa Sede también busca poner orden para acabar con los números rojos. De hecho, el artículo 5 en el que se enumeran los principios fundamentales que rigen esta reforma habla de la necesidad de lograr “eficacia y eficiencia” económica, promover una “racionalización de gastos” evitando operaciones innecesarias”.
El nuevo ‘motu proprio’ aterriza hasta tal punto que detalla cómo cada seis meses se actualizará “la lista de precios y tasas de referencias y servicios”, así como el costo de la mano de obra de los profesionales que se precise contratar de acuerdo con las tarifas de mercado. De la misma manera, se exigirá a los diferentes departamentos vaticanos que planifiquen sus compras a futuro antes del 31 de octubre de cada año.
