La Ley Celaá da la espalda al consenso educativo

Más de 115.000 tuits de la escuela católica contra la reforma educativa. Con el hashtag #ParemoslaLeyCelaá, la Plataforma Concertados –formada por Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO– celebró el pasado 20 de mayo una quedada para paralizar los planes del Gobierno. ¿El principal motivo para los convocantes? Una ley orgánica no puede ser aprobada en medio de una pandemia y sin el consenso necesario.

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Y es que, a pesar del estado de alarma, continua la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley que, según Concertados, “contiene medidas que lesionan y limitan las libertades y derechos de las familias y los centros, y que han provocado el rechazo contundente de una gran parte de la comunidad educativa”.

Para los colegios católicos, los esfuerzos de la Administración deben centrarse en “reducir y paliar los efectos que la crisis sanitaria y económica está teniendo sobre el alumnado” y promover, en clave de reconstrucción social, “un Pacto Educativo para garantizar la estabilidad que necesita el sistema”.

Dos encuentros

“No tiene ningún sentido estar tramitando una ley tan importante en medio del estado de alarma”, indica a Vida Nueva José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas. El religioso es consciente de que “el Gobierno y algunos grupos tienen mucha prisa en derogar la LOMCE, pero da la sensación de que esta derogación es un trofeo político y lo de menos es hacerlo bien”. Y añade: “Si se trata de derogar la LOMCE valdría la pena hacer una ley bien pensada y consensuada en la medida de lo posible para que diera un poco de estabilidad. Aprovechar estas circunstancias está fuera de lugar; es una manera de evitar un debate social y político tranquilo sobre la ley”.

El diálogo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Escuelas Católicas existe. De hecho, en los últimos tres meses se han reunido hasta en dos ocasiones. La última, el pasado 14 de mayo por videoconferencia, en la que los representantes de más de 2.000 colegios en España pidieron a la ministra Isabel Celaá y al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, que paralicen la ley de educación hasta que finalice el estado de alarma y que los pactos de Estado para la reconstrucción social y económica tras la pandemia de coronavirus incluyan las cuestiones educativas.