La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reanudará el próximo 16 de junio el juicio contra la trama Gürtel por los presuntos amaños de contratos para la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. El tribunal ha fijado ya un calendario para retomar la vista oral, que se prolongará hasta el 24 de julio, según la diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press.
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En el juicio están citados a declarar como testigos al obispo auxiliar Esteban Escudero, el también auxiliar Vicente Juan Segura; el obispo de Tortosa, Enrique Benavent; y el obispo de Lleida, Salvador Giménez, estos dos últimos auxiliares en aquella época. Además, el juez ha llamado también a Manuel Monteiro de Castro, ex nuncio en España.
La vista oral, que comenzó el pasado 9 de marzo, tuvo que suspenderse como consecuencia de la pandemia por coronavirus, cuando tan solo se habían celebrado cuatro sesiones. En esos primeros días de juicio se pudieron escuchar las declaraciones de los principales acusados, entre ellos, la del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; el responsable de Orange Market (empresa de la red corrupta en Valencia), Álvaro Pérez, conocido como ‘el Bigotes’, o la del ex presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, que falleció el 13 de abril por Covid-19.
Trece de los 23 acusados por presuntas contrataciones irregulares a empresas de la trama Gürtel con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia ya han confesado. Los acusados por el viaje del papa emérito para el Encuentro Mundial de las Familias en 2006 han reconocido los hechos tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de una rebaja de sus penas.
La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de asociación ilícita, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, falsedad documental, falsedad en documento mercantil, cohecho, contra la Hacienda pública y blanqueo de capitales
Se repartieron 3,5 millones de euros
Las fiscales consideran que utilizando gestiones realizadas por Cotino, los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y sonido por casi 7,5 millones de euros y que se hiciera cargo del gasto la televisión pública, con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.
Así, se repartieron supuestamente casi 3,5 millones euros de dinero público entre el ex director general de Radiotelevisión Valenciana, Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el también acusado José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía pide para el ex presidente de la televisión pública 40 años de prisión, la mayor pena de entre los 23 acusados. Entre los que no han llegado a ningún acuerdo con la Fiscalía se encuentran Correa y Crespo, para los que el Ministerio Fiscal pide 38 y 37 años de prisión, respectivamente.
