Hace unos días se conoció el accionar de un grupo de policías que ingresó a una casa de la Comunidad Qom, sin orden de allanamiento, y golpearon a sus miembros. Este hecho tuvo lugar el pasado sábado 30 de mayo, cuando personal de la Comisaría Tercera ingresó violentamente a la casa de una familia, en el barrio Barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana.
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El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) expresó su repudio y afirmó que este hecho “representa una violación de todas las garantías constitucionales y evidencia una de las prácticas comunes de discriminación y racismo que existen la provincia por parte de las fuerzas policiales contra las Comunidades Indígenas”.
Hechos violentos
En el operativo, los efectivos policiales se llevaron detenidos a cuatro jóvenes: una menor de edad, dos mujeres y un joven. Al recobrar la libertad, denunciaron que, dentro de la comisaría, sufrieron torturas y abusos sexuales. En las imágenes viralizadas en las redes, se puede visualizar la desproporcionalidad de la actuación por los golpes físicos y las amenazas a la familia.
Una de las jóvenes, violentada física y sexualmente, denunció judicialmente que fueron los cinco policías que ingresaron violentamente a la vivienda. “Los agarraron de los pelos, los arrastraron, los amenazaron con rociarlos con alcohol y prenderlos fuego, y los trasladaron a la sede policial al grito de: ‘indios infectados'”, contó la dueña de la casa que grabó con su celular el episodio.
La condena de ENDEPA
El Equipo de Pastoral Aborigen expresó que no puede ser indiferente ante este tipo acciones, cometidas por parte de integrantes del Estado, cuya función es mantener el orden y la paz. Ratifican que esta “evidente violencia institucional” marcan un fuerte racismo hacia las Comunidades Originarias, desde antes del inicio la pandemia de Covid-19.
Condenan estas expresiones racistas y miran, con preocupación, la inoperancia de los organismos del Estado que niegan el reconocimiento los derechos a los Pueblos Indígenas, avalados por la Constitución Nacional, y los derechos y garantías de todos los ciudadanos.
En el comunicado también manifiestan que “Es imprescindible un cambio estructural en la formación de las fuerzas de seguridad en la provincia del Chaco”. En su opinión, “es necesario que el gobernador no se mantenga ausente” y se haga cargo de la responsabilidad que le compete.
Reclaman el respeto y garantía de los derechos constitucionales y piden a los responsables de elaborar y ejecutar las políticas de Estado, desistir de prácticas de tinte racistas, “que tanto daño le hacen no sólo a los pueblos indígenas sino también al país maduro, pluriétnico y multicultural que se logró a partir de la reforma constitucional de 1994”.
Finalmente, los miembros de Endepa exigen que se tomen las medidas legales a los responsables de esta agresión y a sus superiores, y ruegan por justicia para llegar a una convivencia pacífica.
