El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha propuesto al Gobierno esta mañana que desarrolle el llamado “salario familiar” para mejorar el real decreto-ley del Salario Mínimo Vital. En el transcurso de la rueda de prensa para presentar la Memoria de Actividades de la Iglesia 2018, el obispo auxiliar de Valladolid recordó que se trata de una reivindicación planteada hace 40 años por Juan Pablo II en Laborem Exercens.
En aquella encíclica firmada en septiembre de 1981, el Papa polaco describía este “salario familiar” como “un salario único dado al cabeza de familia por su trabajo y que sea suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer asumir a la esposa un trabajo retribuido fuera de casa”. Wojtyla llegaba a aterrizar su propuesta hasta tal punto que planteaba materializarlo “bien sea mediante otras medidas sociales, como subsidios familiares o ayudas a la madre que se dedica exclusivamente a la familia, ayudas que deben corresponder a las necesidades efectivas, es decir, al número de personas a su cargo durante todo el tiempo en que no estén en condiciones de asumirse dignamente la responsabilidad de la propia vida”.
Para Argüello, de esta manera la nueva normativa estaría “en conformidad con la Doctrina Social de la Iglesia”. En tanto que permitiría “posibilitar una economía que haga factible el trabajo de las personas porque nos ayuda a todos a promocionarnos y desarrollar nuestras capacidades”.
Bajo este prisma, reclamó colaboración entre administración social, autonomías y ayuntamientos aunque “tengan signo político diferente” intentando favorecer “a aquellos que más lo necesitan”.
El secretario del Episcopado respaldó la petición de Cáritas para que se cuente en el Salario Mínimo Vital a otros colectivos “en principio excluidos” como los migrantes irregulares. “Si la intención es ayudar a los que están en situaciones más difíciles, poderles incluir es muy importante”, apreció.
En el turno de preguntas, también fue preguntado por la creciente tensión política que se vive en nuestro país, tema central del nuevo número de Vida Nueva, en el que también colabora Argüello: “Lanzo un grito a los responsables públicos para que pongan el acento en lo esencial, en el bien común y en la escucha”. Desde ahí hizo un llamamiento a “salir juntos” de la actual crisis desde la “colaboración unos con otros”, “lo que no significa anular la crítica política, que siempre es necesaria”. Eso sí, el prelado insistió en que “dejen de lado las descalificaciones personales” y pongan por delante “el afecto fundamental en el bien común y en el subrayado de la dignidad de la persona”.
Sobre cómo piensa actuar la Iglesia ante las residencias de ancianos que son de su propiedad, al haberse convertido en uno de los focos más letales durante la pandemia, el obispo reconoció que “el asunto de los ancianos en residencias ha sido una de las cuestiones más dramáticas que hemos vivido”.
Desde ahí, hizo hincapié en el esfuerzo que “me consta” se está haciendo “en todo tipo de residencias, sea cual sea su titularidad”. Si bien, apostilló que “a veces se ha pedido a las residencias un tratamiento hospitaliario cuando esto ha sido imposible”. De la misma manera, se hizo eco de las dificultades que muchos de estos centros tuvieron para llevar a los mayores a los hospitales.