Tras aprobarse este martes 9 de junio en el Consejo de Ministros, la Ley de Protección de la Infancia ya está lista para su tramitación parlamentaria. Algo que Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, valora positivamente que la necesaria medida haya visto la luz tras año y medio desde la aprobación de su anteproyecto, bloqueada tanto por las elecciones generales como por la crisis del coronavirus.
“Ha habido –reconoce– algunos cambios desde el último texto, pero, en esencia, la ley es la misma. Es una ley integral en muchos aspectos, porque va desde la prevención hasta la detección y el tratamiento; porque toca todos los ámbitos de la vida de un niño; y porque implica a toda la sociedad en su defensa, también a los menores de edad. Además, conlleva una gran pedagogía detrás, fundamentalmente, dejar de considerar a los niños como algo propiedad de los adultos, y que lo que pasa en la intimidad de los hogares y otros entornos se debe quedar silenciado”.
Olaguibel también destaca que la ley sale adelante con las aportaciones de muchas entidades, viendo plasmadas sus principales propuestas: “Esto ha sido así desde el primer momento y, precisamente por esa necesidad de que la ley fuera integral y todos nos sintiéramos comprometidos en la protección de la infancia, han colaborado diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales, la academia y otros expertos”.
“No será –reconoce– una ley perfecta para todos en todas sus disposiciones, pero, desde las organizaciones, nos la tomamos como un punto de partida excelente para ir construyendo esos entornos protectores donde los niños están y se sienten seguros: casa, familia, escuela, centro deportivo, internet…”.
Ante la grave situación de la que venimos (algunos estudios apuntan que un 20% de los ciudadanos podrían haber sufrido abusos en su infancia), ¿qué podemos esperar de cambie de raíz con esta nueva ley? “El que ya se esté hablando de ello es un gran avance; los abusos tienen un cómplice perfecto, el tabú y el silencio de los adultos que conocen o intuyen esas situaciones. Confiamos en que, con la formación de profesionales, con la construcción de espacios protectores donde no tenga cabida ninguna situación así, con la ampliación del plazo de prescripción para denunciar, la situación mejore”.
“Sobre todo –enfatiza la representante de UNICEF– por el cambio de mentalidades, y en eso tiene mucho que ver la parte de concienciación y sensibilización que la ley también abarca. Pensemos, por ejemplo, en los abusos que se han dado en el mundo del deporte, donde ‘todo el mundo’ sabía que algo pasaba, pero nadie se atrevía a decir nada. Ahora ya sabemos todos que es algo que no podemos tolerar ni mirar para otro lado. Esos abusos están mal y destrozan la vida de los niños y niñas”.
Aunque no se cita a ninguna institución, la Iglesia, por su estrecho trabajo con tantos menores, tiene que tomar nota de las nuevas exigencias. Un camino en el que no parte, ni mucho menos, de cero: “Tenemos constancia de las medidas que, desde distintas instituciones de la Iglesia, se han tomado para cambiar las cosas. El corporativismo adulto también existe en esta organización, como en todas. El hablar de ello abiertamente y dar el mensaje de que no se va a seguir tolerando, ya es un avance; y los nuevos protocolos y capacitaciones que se desarrollan en colegios, asociaciones de tiempo libre, son también algo necesario. La ley contempla una hoja de ruta muy clara en ese sentido a la que la Iglesia puede y debe sumarse”.