La Plataforma Concertados insiste en parar la Ley Celaá, porque “hurta el debate social, es un retroceso y pone límites a las libertades ciudadanas”. Cuando se acerca la finalización del plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de la nueva ley de educación (LOMLOE), prevista para mañana, la escuela concertada recuerda los motivos por los que debe pararse la tramitación de esta ley.
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La Plataforma –formada por Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO– mantiene que la tramitación de la LOMLOE se está llevando a cabo “en medio de una pandemia, con un Gobierno en debilidad y en clara minoría, sin debate parlamentario ni diálogo social”.
Eliminación de la demanda social
Además de las formas, la Plataforma está en contra del contenido de la Ley, que “elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas, permite la distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres, inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación; olvida los derechos de los padres como responsables de sus hijos, introduce un comisario político en los centros concertados, posterga la enseñanza de la Religión, impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados, limita la autonomía de los centros, ataca a la educación diferenciada y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial”.
Por todo ello, la Plataforma reclama al Gobierno que paralice la tramitación de la LOMLOE “hasta que las circunstancias sociosanitarias permitan un debate parlamentario y social real que nos lleve a una ley de consenso y que respete el lugar que corresponde a la red concertada dentro de nuestro sistema educativo”.
