“A mí personalmente la nueva propuesta me ha dejado un sentimiento agridulce”, dice a Vida Nueva sobre la ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia –conocida como ley Rhodes– Miguel Hurtado, presidente de la asociación Infancia Robada y primera víctima en denunciar los abusos en la abadía de Montserrat.
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Y es que, si bien reconoce que el nuevo anteproyecto de ley tiene “aspectos muy positivos, como el compromiso de crear juzgados y una fiscalía específica contra la violencia infantil, de forma similar a como ocurre con los de violencia de género”, considera que hay otros en los que el Gobierno ha sido “poco ambicioso”. Incluso, que con la redacción de la misma ha llegado a “silenciar” la implicación de la Iglesia en los abusos a menores.
“Hay partes de la ley que me gustan menos”, continúa, “como es el hecho de que habla de prevenir la violencia contra los menores en la familia, en la escuela, en el deporte… pero no menciona a la Iglesia”. “Parece que el Gobierno no tiene intención de luchar contra los abusos en la Iglesia, y eso me parece muy preocupante”, afirma.
“Un nuevo privilegio para la Iglesia”
De hecho, se muestra bastante preocupado por el hecho de que no se la mencione específicamente. “Hemos pasado de decir que estos casos no solo pasan en la Iglesia, sino también en otras instituciones y hay que poner el foco en ellas, a olvidar que también pasan en la Iglesia y tomando medidas en otras instituciones”, subraya. “Por supuesto que se tienen que tomar medidas en la familia, en el deporte, en la escuela… pero en la Iglesia también, y si el Gobierno lo ha dejado fuera es porque no se quiere molestar a los obispos”, concluye Hurtado.
Su denuncia se centra, sobre todo, en que si cada uno de los ámbitos susceptibles de que se ejerza violencia contra la infancia debe tener unos protocolos para protegerla, todo el mundo tiene que tener formación en este sentido, la Iglesia debería tenerlos también, más allá de que cada diócesis implante su propia comisión antiabusos. “Se le ha dado el privilegio de que los puede tener o no tener si le apetece”, apunta, “una vez más es un trato privilegiado a la Iglesia católica”.
Desierto estadístico
Por otra parte, Hurtado critica también que estos delitos sigan prescribiendo. “Siguen empeñados en que el plazo de prescripción de los delitos empiece a contar una vez la víctima cumpla los 30 años”, explica, algo que considera que “sigue siendo excesivamente corto, ya que la mayoría de las víctimas van a seguir sin poder denunciar”. De hecho, las 14 víctimas de la abadía de Montserrat, con la nueva ley no podrían denunciar. “El grueso de las víctimas sigue quedando desamparada con la nueva ley”, afirma.
“España es un desierto estadístico porque ni el Gobierno ni la Iglesia quieren estudiar el tema“, dice al ser preguntado por la media de edad en la que las víctimas denuncian. “Sin embargo, tenemos datos de otros países”, añade. “En Australia, por ejemplo, la edad media a la que una víctima denuncia por primera vez es a los 44 años”, apunta. De esta manera, con los plazos que se proponen con la nueva ley, los casos prescribirían entre que la víctima tenga entre 35 y 40 años. “Van a seguir quedando impunes”, asevera Hurtado.
Por último, si bien el presidente de Infancia Robada considera que esta ley es un “primer paso”, advierte que tiene “dos carencias fundamentales que pueden afectar su grado de eficacia”. El primero es que el anteproyecto no especifica un régimen sancionador. “Si una escuela no cumple con los protocolos, ¿cuál es el castigo?”, se pregunta. Por otra parte, subraya que implementar una ley como esta, que requiere unos protocolos, formar a los delegados de protección… “cuesta dinero, y esta ley no tiene una partida presupuestaria”, ya que, por el momento, dependerá de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
