El excoronel Inocente Montano se declara inocente de toda implicación en la matanza de los mártires de la UCA

Por primera vez ante la Justicia española ha declarado uno de los presuntos responsables de la matanza del 16 de noviembre de 1989 cuando un pelotón del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Aquella mañana murieron asesinados 6 jesuitas, una trabajadora de la comunidad religiosa y su hija menor de edad. Entre ellos estaba el rector de la universidad, Ignacio Ellacuría, impulsor de un proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FNML) que pusiera fin a la Guerra Civil salvadoreña.

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Lamentable accidente

La declaración del excoronel y exviceministro de Seguridad Pública salvadoreño Inocente Montano por su implicación en la matanza de la Universidad Centroamericana (UCA) de Ignacio Ellacuría ha supuesto el inicio del juicio tras la prescripción del delito para René Yusshy Mendoza, antiguo teniente del Ejército y miembro del batallón Atlácatl, ejecutor de los asesinatos, el pasado lunes, 8 de junio.

Montano solo ha contestado solamente a las preguntas de su defensa y ha definido como “lamentable accidente la muerte de los padres” jesuitas. Como viceministro de Seguridad Publica –dependiente del ministerio de Defensa– del gobierno creado en julio de 1989 por el presidente Alfredo Cristiani, “un gobierno democrático y legítimo” según ha resaltado Montano. Se ha mostrado como un cargo “administrativo” que llevaba 12 años luchando contra el “grupo terrorista” del FNLM –la guerrilla de izquierdas que ejercía la oposición al Estado–. La parte operativa quedaría para el Estado Mayor, el entonces general René Emilio Ponce.

El militar ha destacado la amenaza que suponía para la seguridad pública del FNLM y se ha desmarcado que desde su organigrama pudiera tener decisión en organismos como la Radio Cuscatlán, desde la que se acusó a los jesuitas de la UCA. También se ha desvinculado de las decisiones tomadas por ‘La Tandona’, la promoción de 1966 de 46 oficiales militares –algunos miembros tuvieron cargos relevantes con Cristiani– a la que pertenece y que se ha vinculado siempre con la matanza. “Nos hemos distinguido como buenos oficiales, competentes, nunca hemos tenido problemas de vulnerar los derechos humanos o las leyes”, sentenció. También se ha desmarcado del grupo “los maneques”, formado por componentes de extrema derecha con gran peso en las decisiones económicas en el país. El exmilitar ha confirmado que ha actuado siempre protegiendo a la población y como parte de un gobierno legítimo.

La orden vino del Estado Mayor

El antiguo dirigente, sobre la UCA, destacó sus “tendencias izquierdistas” que potenciaron ataques a funcionarios y la población civil influyendo en las fuerzas del FNLM y sus “provocaciones violentas” aunque algunos militares estudiaban en sus aulas. Señaló que una reserva del batallón Atlacatl –el más fiero “frente a los subversivos”– que estaba en al Escuela Militar se encargaban de la seguridad de los edificios principales de la Defensa con miembros de la Inteligencia salvadoreña fueron a la UCA en búsqueda de armamento guardado por el FNLM. La autorización de este “cateo” –allanamiento por parte de las fuerzas del orden– sería del Estado Mayor.

El 15 de noviembre de 1989 aseguró que estuvo reunido con el presidente con todos los demás mandos informando la situación de San Salvador, “prácticamente en estado de sitio” por la presencia de la guerrilla. Entonces se decidió no intervenir para no generar víctimas civiles. Destacó que Ellacuría era “muy allegado al presidente” y que colaboró en los acuerdos de paz, aunque no negó que miembros del gobierno no fueran simpatizantes del sacerdote aunque rechazó que los jesuitas de la UCA fueran miembros del FNLM –aunque ha señalado que hay vídeo de Jon Sobrino instruyendo a niños en el uso de armamento ruso–.

Además, se mostró además como impulsor de la medida de que investigadores internacionales participasen en el esclarecimiento de la matanza de los jesuitas y señaló que la investigación militar fue la que esclareció los hechos. “En lo personal yo siempre pensé que el delito había sido cometido por el FNLM”, confesó. Para él, el hecho de no haber sido llamado por la comisión de la verdad es una muestra de su falta de participación –él estaba orgánicamente al frente de la policía, no de los militares–.

La defensa del exmilitar ha tratado de recurrir a la prescripción del delito, apelando a la ley salvadoreña –sería más beneficiosa para el acusado– y desacreditando la imparcialidad al juez instructor –Eloy Velasco– por haber participado en homenajes a Ignacio Ellacuría, además del rechazo de algunos expertos sobre la realidad salvadoreña. La fiscalía ha rechazado la prescripción por haber sido tratado con anterioridad y el tribunal ha ratificado esta opinión por haberse tratado con anterioridad.