No habrá medidas específicas para los lugares de culto y, por tanto, para la Iglesia, en la nueva normalidad. Así se desprende del decreto que regulará la vida diaria de los españoles a partir del 21 de junio hasta que haya una vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus. Si durante el estado de alarma sí se incluían protocolos concretos sobre el aforo y la actividad de cualquier actividad confesional aterrizando, por ejemplo, en las condiciones en las que debían convocarse bodas y velatorios, a partir de ahora, esta misión le toca a las comunidades autónomas
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Moncloa publica en el Boletín Oficial del Estado de hoy cómo han de proceder hoteles, colegios, gimnasios, museos… Pero no incluye referencia alguna al hecho religioso, que quedaría enmarcado en “otros sectores de actividad”.
Así pues “las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento” serán las marcadas en términos generales por el Estado, o lo que es lo mismo, el uso obligatorio de la mascarilla y aquellas “medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos, 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones”. “Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”, se apostilla en este sentido en el BOE.
Negociación con gobiernos regionales
Como sucede con los demás sectores, serán las “las administraciones competentes” –autonómicas y locales– las que “deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que desarrolle su actividad en un sector distinto de los mencionados en los artículos anteriores, o por los responsables u organizadores de la misma, cuando pueda apreciarse riesgo de transmisión comunitaria de Covid-19”.
Aterrizando todavía más, quedaría en manos de la Conferencia Episcopal Española las indicaciones generales de cómo se realiza a partir de ahora la particular desescalada de la Iglesia, o lo que es lo mismo, en su mano queda las orientaciones a dar a diócesis, movimientos, congregaciones y demás realidades eclesiales sobre la celebración de la eucaristía, las procesiones, las peregrinaciones… A partir de ahí serán las diócesis, a través de sus provincias eclesiásticas, las que tengan que acordar con los gobiernos autonómicos cuestiones como el aforo.
