Cáritas Diocesana en Canarias atendió a más de 40.000 personas en situación de vulnerabilidad el año pasado en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Así lo revelaba, durante la presentación de la memoria de 2019, el obispo Francisco Cases, sumándose a la petición de Cáritas a las administraciones para que haya un cambio en la política social.
“Si bien hay quien cree que esto lo arregla el Ingreso Mínimo Vital”, apuntaba Cases, tal como recoge Europa Press, “no se puede tener mucha esperanza” ya que posiblemente las personas con las que trabaja Cáritas no lleguen a percibir este ingreso.
Junto a Cases el informe ha sido presentado por la secretaria de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez, en una rueda de prensa por videoconferencia durante la que se destacó lo mucho que se han agravado las situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
En este sentido, Suárez subrayó que actualmente la gravedad de la realidad en el archipiélago “es superior” a lo que se cuenta, y, si no hay un cambio en las políticas públicas, las ayudas “no” llegarán a los colectivos con los que suelen trabajar. Por este motivo, Suárez considera que la estrategia se debe centrar en procesos socioeducativos para “llegar a los últimos, a los que están fuera de la sociedad” y con una intervención a largo plazo.