Tras aprobarse el pasado 29 de mayo, el Ingreso Mínimo Vital echa a andar al fin en la sociedad española. Algo que, durante muchísimo tiempo, venía reclamando Cáritas Española. Y que, tras negociar con los últimos gobiernos, ha conseguido que cristalice con el Ejecutivo de coalición de izquierdas encabezado por Pedro Sánchez.
Guillermo Fernández Maíllo, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española y una de las personas que mejor conoce lo que va a suponer el Ingreso Mínimo Vital, ofrece a Vida Nueva todas las claves. “Llevábamos –reconoce– desde 1996 reclamando la puesta en marcha de un ingreso mínimo a nivel estatal. Ha habido varios intentos de acuerdo y, aunque al final no fructificaron, lo intentamos en 2009, en el primer impacto de la Gran Recesión, con José Luis Rodríguez Zapatero, y estuvimos cerca de conseguirlo en 2016, con Mariano Rajoy, en un momento en el que desde la Unión Europea también se le reclamó con fuerza a España”.
Para Fernández, en el hecho de que se haya plasmado ahora ha tenido mucho que ver la crisis social ocasionada por el coronavirus: “La idea del ministro José Luis Escrivá [responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones] se dirigía más a reorganizar en su conjunto el sistema de garantía de rentas en lo relativo a las prestaciones no contributivas y a no establecer una prestación coyuntural. Además, en sus programas, el PSOE llevaba el Ingreso Mínimo Vital, mientras que Podemos optaba por establecer una renta garantizada… Al final, la pandemia lo ha acelerado todo y ha hecho que se concrete una prestación estructural en el sistema de protección social, a modo de respuesta estatal y en un contexto de emergencia. Se había desbordado el vaso de la necesidad y el coronavirus ha dado el empujón definitivo”.
Tras reconocer que “muchas entidades y personas anónimas han contribuido mucho a que se haya concretado esta medida”, el representante de Cáritas, al tiempo que muestra su “satisfacción” al estar ante “la primera respuesta directa a nivel estatal contra la pobreza severa”, deja claro que “esperamos que en una segunda fase, en su desarrollo, se concrete más”. Y es que, pese a todo, entiende que son aún varios los vacíos a llenar.
Algo que se da, en primer lugar, por la certeza de que “es una ley compleja y difícil de aplicar, al ser estatal y jugar en ella un papel muy importante las autonomías y los municipios. Por ejemplo, por las diferentes aplicaciones que se da a la forma de empadronarse para solicitar cualquier ayuda. Debido a las diferentes situaciones y sensibilidades de las administraciones una vez que se vaya llegando a los convenios que se anuncian, puede entrar aquí en juego el criterio de la interpretación que se hace de la ley, con lo que podríamos encontrarnos ante diferentes respuestas a una misma realidad”.
Así, puesto que “hay autonomías que ya llevan más de 30 años dando una prestación similar al Ingreso Mínimo Vital”, lo ideal sería que ambas no colisionaran y “las administraciones autonómicas destinen ese dinero ‘ahorrado’, bien a complementar la ayuda del Estado, o bien a afrontar retos tan urgentes como el apoyo en las necesidades de pago de vivienda que padecen estas personas”.
Otro déficit sería que “en la ley se exige que, para recibir la ayuda, la persona ha de ser solicitante de empleo. En Cáritas tenemos una gran experiencia con muchísimas personas que no figuran como demandantes de empleo, sencillamente, porque no pueden, por ejemplo, porque su salud se lo impide. Y por supuesto que necesitan esta prestación por su precaria situación… El Gobierno nos ha asegurado que trabajará para que estas personas no queden fuera, por lo que hemos de estar muy pendientes en el seguimiento”.
Otro colectivo que se queda fuera son “los inmigrantes en situación de irregularidad”. Pese a que Vox ha iniciado una campaña alertando del “efecto llamada” que supone el Ingreso Mínimo Vital, la realidad es que “no aparecen citados en el Real Decreto, y eso que hablamos de un grupo humano que colabora en el desarrollo del país. Además de que esta es una invención no demostrada… ¿Es acaso efecto llamada venir en una patera y que no se te permita regularizarte y, por lo tanto, no puedes acceder a las ayudas públicas?”.
Por lo mismo, también quedan “descubiertos” los menores extranjeros no acompañados (MENA), quienes, al cumplir los 18 años y dejar de estar tutelados, “quedan a la intemperie, pudiendo ser para ellos muy necesaria una medida que les ayudaría a avanzar en sus primeros pasos aquí”.
Otro vacío legal, a juicio de Fernández, es que “se explicita que solo pueden recibir la ayuda dos titulares por domicilio, mientras que la experiencia nos muestra que hay muchos pisos en los que conviven más de dos familias, repartidas por habitaciones. Una realidad que ya se daba antes y que se ha agravado con el golpe social del COVID-19”.
Con todo, el balance del representante de Cáritas es positivo. Eso sí, considera que aún queda mucho para que pueda consolidarse en España una propuesta como la que últimamente ofrece el papa Francisco con la renta universal: “Hablamos de algo que va mucho más allá, y que plantea una forma de entender la protección social de forma muy distinta. El Ingreso Mínimo Vital es un pequeño avance que apunta el camino que pide Francisco. Una renta universal conllevaría una reforma muy a fondo en los estados, que deberían acometer una reordenación general de todos los sistemas de protección”.
“La propuesta del Papa –concluye– es muy interesante, pero está aún en un plano muy teórico, debiendo cambiarse los mecanismos del Estado del Bienestar. Lo que ahora tenemos en España es solo un primer paso, aunque importante, para ese cambio”.
Quien también es muy consciente de la importancia de esta medida social es Lola Contreras, miembro de la HOAC y de Barrios Ignorados, asociación que se constituyó hace más de una década a nivel autonómico de Andalucía “entre gente de Iglesia y del movimiento vecinal, concienciados todos de la incidencia que estaba cobrando en nuestros contextos la exclusión social y entendiendo que el mejor modo de visibilizarla y combatirla era uniéndonos”.
En este sentido, Contreras se felicita por la puesta el marcha del Ingreso Mínimo Vital: “Llega como agua de mayo, además de que es una reivindicación histórica de todos los colectivos sociales. En 2008, cuando nos sacudió la Gran Crisis, nosotros denunciamos que se trató de la Gran Estafa, pues ganaron los bancos y las grandes empresas y perdimos las familias y las personas. Ya antes, en los tiempos de teórica bonanza económica, había ocho millones de pobres… Con la crisis, esa situación se evidenció y fue a más. En España hay muchísima gente sin ingresos, sin absolutamente ninguno. Este Ingreso Mínimo Vital cubre un hueco muy grande y ha de garantizar verdaderamente que esto se convierta en un derecho”.