Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española: “Los inmigrantes irregulares han de acceder al Ingreso Mínimo Vital”

Si hay una entidad clave para que se haya aprobado en España el Ingreso Mínimo Vital, esa es, sin duda, Cáritas. Tanto por su propuesta sin descanso a todos los gobiernos desde 1996 como por su conocimiento directo de la exclusión social, siendo el mejor puente para informar a los ciudadanos que puedan solicitar esta ayuda y luchando para que muchos más, que la necesitan con urgencia y que se han quedado fuera, puedan recibirla. De todo ello hablamos con Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española.

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PREGUNTA.- Cáritas llevaba muchos años proponiendo el Ingreso Mínimo Vital a los diferentes gobiernos. ¿Cómo han sido las conversaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez que han cristalizado finalmente en su aprobación?

RESPUESTA.- Efectivamente, llevábamos ya desde el año 2015, en las propuestas de Cáritas a los partidos políticos, y muy anteriormente con informes de la Fundación Foessa, proponiendo esta medida para incorporar a colectivos insuficientemente protegidos, tanto por cuantía como por cobertura, en nuestro marco actual de garantía de rentas (los de las comunidades autónomas), generándose así una gran heterogeneidad territorial. Algunos de los colectivos insuficientemente protegidos eran: los hogares sin ingresos, los hogares con ingresos bajos por su precaria incorporación al mercado de trabajo (trabajadores pobres) y las familias más vulnerables con hijos a cargo (pobreza infantil).

Durante todo este tiempo, hemos negociado y dialogado con todos los partidos políticos y los diferentes gobiernos desde la misma convicción: no es posible reducir significativamente el número de hogares sin ingresos sin una normativa estatal que implicara un incremento sustancial de las prestaciones en cuantía y cobertura. Y es que, detrás de estos números, hay personas, familias que no podemos dejar atrás y que encontramos cada día en nuestro trabajo de primera línea en Cáritas.

En el caso del Gobierno actual, ellos lo tenían como una de sus principales medidas, así que el diálogo ha sido más dirigido al diseño de la prestación; hemos procurado informar al Ejecutivo sobre los datos de las personas que están fuera de los sistemas de rentas actuales (que solo llegaban a un 33% de cobertura) y también hemos puesto sobre la mesa la importancia de los requisitos y de la facilidad de acceso para que no existan trabas burocráticas innecesarias.

El coronavirus, clave

P.- ¿Ha sido decisiva la crisis del coronavirus para que el Estado acuda al rescate de los más expuestos, aumentando en solo unos meses aún más la brecha social?

R.- Creo que sí. La situación no es nueva, pero esta medida, la inyección presupuestaria desde Europa y la atención a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han sido posibles por la globalidad del problema, por la crudeza e impacto repentino.

Esta medida siempre ha resultado necesaria por la alta desigualdad en nuestro país, y también por la cronificación de la pobreza severa después de los años de recuperación tras la anterior crisis, alcanzando a 1,8 millones de personas. Si antes de la situación provocada por el COVID-19, esto era necesario, ahora lo es más que nunca y esperamos que marque la diferencia en la salida de la crisis para estas personas respecto a lo que ocurrió en la crisis anterior.

P.- Como la entidad de este país que atiende a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad, Cáritas puede ser un puente esencial de cara a informar a muchas de ellas de que pueden solicitar esta ayuda. ¿Iniciarán algún protocolo para implementar esta acción en sus proyectos?

R.- Estamos a la espera de que se concreten los detalles, pues el Real Decreto-Ley deja muchos aspectos para un desarrollo reglamentario posterior. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con las personas que tengan derecho a esta prestación, para lograr que no sufran trabas burocráticas, que conozcan los procesos y también para seguir acompañándoles en sus procesos de inclusión.

Todavía no está establecida la puesta en marcha, pero, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han dicho que, tanto en la información (sobre la situación de las familias y sobre la prestación) como en la gestión de la prestación y en el seguimiento de las situaciones, contará con los Servicios Sociales, los ayuntamientos y las entidades, que son quienes estamos más próximos. Es clave que la información llegue a todas las personas que tengan derecho a esta prestación y facilitar los trámites y el acceso al máximo.

Invisibles para el Estado

P.- ¿Cómo se puede mediar para que los inmigrantes en situación de irregularidad, invisibles para el Estado pero no para Cáritas, puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital?

R.- Nosotros, desde el principio, hemos mediado y contado con ellos en todos los cálculos; son personas muy importantes para Cáritas. Son personas que viven aquí, que trabajan, que aportan a la sociedad y que no pueden a veces ni siquiera empadronarse. Cáritas ha solicitado en la interlocución con el Gobierno que las personas en situación administrativa irregular tuvieran acceso al Ingreso Mínimo Vital, y sentimos constatar que esto no sea así en la regulación del Real Decreto-Ley. Hay muchas modificaciones que hacer en las regulaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Ley de Extranjería, en su reglamento, para que todo esto sea posible.

También hemos incluido en nuestras propuestas la posibilidad de una regularización extraordinaria para, en estos momentos, incorporar a estas personas.

P.- ¿Un siguiente paso sería avanzar hacia la renta básica universal, como pide el papa Francisco? ¿Es viable esto en España?

Nuestra propuesta se basa en un ingreso mínimo para los hogares más vulnerables; no para todas las personas, sino para las que se encuentran en una condición económica y social: la pobreza severa. Creo que, ahora mismo, la cobertura –que todavía no incluye a todas las personas que sufren esta condición, sino que el umbral que establece se queda más o menos en la mitad de la población que sufre pobreza severa– nos hace afirmar que, aunque las cuantías de la prestación son adecuadas, debemos trabajar para que la cobertura pudiera ampliarse un poco más para no dejar a nadie fuera.

Cáritas trabaja por la justicia y con los pies en la tierra, caminando desde lo que sea posible. Así, todavía queda camino por recorrer para que este Ingreso Mínimo Vital llegue a todos los que lo necesitan (ahora no lo hará) y que lo haga de manera sencilla, sin que suponga una excusa para eliminar otro tipo de ayudas sociales para que les haga salir de la pobreza extrema y que se acompañe con un apoyo social para su inserción que sea efectivo.

Deberíamos avanzar en que los más vulnerables salgan fortalecidos y también para que el sistema de garantías y de derechos sociales también se fortalezca. Esto sería un gran avance en nuestro país.

La “paguita”

P.- ¿Cómo valora las críticas a la medida desde ciertos ámbitos, que, despectivamente, no dudan a la hora de hablar de “paguita”?

R.- Conozco las críticas que se han hecho, pero, para Cáritas, es un paso decisivo en la lucha contra la pobreza severa. Por nuestra parte, la crítica o las dudas que se pueden hacer se refieren al excesivo margen que deja al desarrollo reglamentario. Entonces, habrá que vigilar bien y seguir trabajando para que la medida llegue a todos, incluidos jóvenes y personas en situación irregular. Por debajo del ruido político, creo que hay mucho consenso en que es una medida necesaria, una medida que tiene retos pero que, también, tiene ya un recorrido en las comunidades autónomas que nos servirá para que su diseño perfeccione los defectos que otros sistemas de rentas mínimas puedan tener.

Creo, en definitiva, que la demagogia no sirve y que todos los que en el día a día conocemos a las personas que viven en situación de pobreza severa vemos que es necesario este apoyo extraordinario, que es vital para ellos y necesariamente complementario a las políticas sociales y de empleo que existen.