“En Venezuela tenía mi trabajo, era educador y trabajaba normal. Pero la cuestión de medicación estaba caótica. Y tenía como siete meses sin tomar medicinas. A esto se complicaba que por la crisis que vive mi país, tenía una mala alimentación, y eso iba a afectar más mi sistema inmune, y podía decaer”. Este es el testimonio de Marco Antonio, un joven venezolano que hace dos años se vio obligado a migrar al Perú por la delicada situación que vive su país pero, sobre todo, por un sistema de salud que no respondía a las necesidades de los pacientes portadores con Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida (VIH).
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En efecto, la migración de venezolanos al Perú no solo concierne a factores económicos, sino también a personas como Marco Antonio, una lucha para vencer un virus que, además de mermar su sistema inmunológico, acaba con sus sueños y esperanzas. Y hoy en día, a esta batalla se suma un nuevo agente destructor: el Covid-19. Sin embargo, más allá del virus mismo, la principal destrucción proviene de las ineficientes políticas públicas que no tienen en cuenta las necesidades de los más afectados.
El gobierno peruano ha decretado desde el 16 marzo un estado de emergencia a nivel nacional y, como parte de ello, la aplicación de una estricta cuarentena que finalizará eventualmente el 30 de junio. Sin embargo, esta medida no ha considerado a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, entre ellos los migrantes venezolanos. Y dentro de dicho grupo, los portadores del VIH terminan siendo los más afectados por las políticas gubernamentales. En ese sentido, ¿qué ha significado esta cuarentena para su vida?
Salud para migrantes con VIH
El sistema de salud en Perú, a pesar de sus limitaciones, es un sistema abierto que permite a personas provenientes de otros países atenderse y recibir el tratamiento antirretroviral de manera gratuita. El inconveniente radica en la consulta –entendida como paso previo a la medicación–, pues aquí se exige una serie de análisis a ser costeados por ellos, mientras no se encuentren afiliados a un sistema de salud. Una inscripción que, para ser efectiva, debe implicar la tenencia de documentos –como el carnet de extranjería– en orden, lo cual constituye un trámite burocrático que suele demorar de tres a cuatro meses.
Careciendo de los recursos financieros necesarios, los migrantes optan entonces por la asistencia social o el apoyo de amistades. Es aquí donde entra a tallar el respaldo de organizaciones sociales como ‘Sí, Da vida’, institución fundada por un sacerdote de la Sociedad Misionera de San Columbano y que, desde el 2005, viene desarrollando un conjunto de actividades, programas de autocuidado, talleres y servicios, destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH y Sida en Perú.
Una de sus disposiciones consiste en amparar a los migrantes a insertarse al sistema de salud, a través de consejerías, asesorías y costeo de sus análisis previos al tratamiento, como bien lo señala Luis: “gracias a la fundación pude ingresar al sistema de salud de acá, así como poder realizarme todos los exámenes que me pedían”. Una cuestión que las instituciones del Estado no suelen entender: el inmigrante con VIH no solo requiere tratamiento antirretroviral, sino que, por su misma condición de migrante, sufre una serie de carencias económicas.
Los efectos colaterales del Covid-19
“En mi caso todas las veces que he ido a retirar el medicamento para el tratamiento me lo han dado. Y cada tres meses debo realizar mis estudios con el médico, tanto así que ahora el virus está en un estado indetectable”. Esto nos contaba Romel, quien llegó a Perú hace dos años desde su natal Barquisimeto, y nos asegura no haber tenido problemas en seguir su tratamiento, pese al estado de emergencia.
Efectivamente, a pesar de las limitaciones del sistema de salud, este ha respondido con la entrega de medicamentos a las personas que lo necesitan. La entrega de la terapia Targa, tratamiento antirretroviral de gran actividad que combina tres o más fármacos, se ha seguido distribuyendo. Es un elemento crucial, al evitar que el virus se multiplique y debilite el sistema inmunológico, lo cual podría acelerar y llegar al cuadro clínico del Síndrome de la Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).
No obstante, lo que sí se han interrumpido han sido las consultas externas en los hospitales del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud. Como nos comenta David Castro, coordinador del área de prevención primaria de la ONG ‘Sí, Da vida’, “con la cuarentena se han suspendido los controles médicos. No hay atenciones, muchos han quedado en ‘standby’. Antes de que se decretara, muchos estaban listos para recibir tratamiento anti viral, pero ahora hay que esperar a que la situación se normalice”.
Esto podría generar mucha angustia, porque estas personas estaban aguardando su medicación o iban a pasar consulta para definir cuál era su estado de salud, y así empezar el tratamiento correspondiente. De todos modos, Castro advierte que, si bien se trata de afectaciones respecto a la salud, los migrantes también han enfrentado otras limitaciones: “la cuarentena ha hecho que muchas personas dejen de trabajar. Varias empresas han tenido que prescindir del personal”.
Así, al prescindir de ingresos, no han podido continuar pagando el alquiler de vivienda, y por ello han preferido irse a vivir con algún amigo o regresar a Venezuela en el vuelo humanitario otorgado por su consulado.
Por último, una tercera afectación ha sido emocional. La cuarentena y toda la crisis del Covid-19 han generado incertidumbre y estrés, afectando su salud mental. Frente a ello, se debe precisar que un gran número de venezolanos laboran en el sector informal, en trabajos eventuales, o son trabajadores independientes.
En resumen, la mayoría vive del día a día, y he ahí el ejemplo de Carlos: “esto me ha afectado horriblemente, porque mi trabajo era en la venta ambulatoria. He tenido que gastar todos mis ahorros y no he podido ayudar a mi familia; hace como tres meses que no les envío dinero. Lo que junto ahora, es para pagar el alquiler; mi trabajo no me da mucho, sólo treinta o veinte soles diarios, y esto me preocupa porque me estoy alimentando mal y puedo decaer”. Como se comprueba, la naturaleza de la cuarentena obvia estas situaciones, acrecentando la vulnerabilidad de muchas personas.
Acompañar en tiempos de distanciamiento
Frente a esta situación, Tessa Millan, de nacionalidad filipina e integrante de la Sociedad de Misiones Extranjeras, y también parte del equipo de ‘Sí, da Vida’, nos comenta lo siguiente: “muchos me llaman diciéndome que ya no tienen algo qué comer ni dónde ir a vivir, porque no tienen trabajo. Esto es fuerte; ellos vinieron a Perú para poder alargar su vida y tener los tratamientos que en su país era imposible conseguir. Me duele en el alma que el gobierno vea sólo una realidad que es el Covid-19, olvidando a otros y otras”.
En esta misma línea, el papa Francisco en su mensaje para la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, a celebrarse el 27 de septiembre, nos ha vuelto a recordar que la crisis del Covid-19, debido a su gravedad, “ha empañado muchas otras emergencias humanitarias que afligen a millones de personas, relegando iniciativas y ayudas internacionales esenciales y urgentes para salvar vidas, a un segundo plano en las agendas políticas nacionales”.
Este no es tiempo de olvido ni egoísmos. Los migrantes deben seguir siendo una prioridad en la sociedad y en la Iglesia, porque no son números sino personas, que se esfuerzan el doble para salir adelante. Y si conocemos sus historias, “podremos comprender, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento a causa de la pandemia, es un elemento constante en la vida de los desplazados”.
Las historias de Carlos, Luis, Marco y Romel, nos permiten acercarnos al drama que sobrellevan, y así poder generar aquella empatía tan oportuna para que nuestra casa común “se parezca al plan original de Dios”. Es decir, una sociedad justa y solidaria donde nadie sea excluido de la mesa.
Fotos: IBC.