Con motivo del Día Mundial del Refugiado, este próximo 20 de junio, Entreculturas denuncia que el coronavirus ha dejado a siete millones de niños refugiados sin la protección de la escuela. Lo ha hecho con una rueda de prensa virtual, celebrada este miércoles 17 por la tarde, con motivo de su campaña ‘Sin Escuela, Sin Refugio’, que lleva ya varios años en marcha.
Como señala la entidad jesuita, “la mitad de las personas refugiadas en todo el mundo son menores”. Además, al tratarse de un grupo especialmente vulnerable en un contexto ya de por sí difícil, “para ellos la escuela es su refugio. Vivir en situación de desplazamiento forzoso supone, para un menor, haber perdido su casa, su familia, enfrentarse a situaciones de violencia y al riesgo de sufrir abusos, explotación, tráfico o reclutamiento militar. Cuentan con muchas dificultades para poder comer, acceder a agua potable y, por supuesto, a la educación”.
Una protección, la de la escuela, que han perdido una gran mayoría ante la pandemia. Y eso que muchos ya lo sufrían antes: “De los 7,1 millones de niños, niñas y adolescentes refugiados en edad escolar, 3,7 millones no van al colegio”.
La rueda de prensa virtual ha contado con la presencia de Lucía Rodríguez, responsable de Incidencia en Entreculturas; Luca Fabris, responsable de Cooperación Internacional en África de Entreculturas; Elena González, directora de Programas del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) en Chad; Rayhana Itani, coordinadora pedagógica del SJR en Líbano; Farida Fadoul Nasser, menor refugiada en Yamena, la capital de Chad; y Óscar Javier Calderón, director del SJR en América Latina y el Caribe.
Lucía Rodríguez ha lamentado que el drama migratorio “va en aumento desde hace diez años”, aunque ahora, con el coronavirus, sus consecuencias son gravísimas, especialmente para “el 68% de los menores que no van a la escuela”.
En el caso de las niñas, ellas están más expuestas a la violencia de todo tipo, incluida la sexual, sufriendo lacras como el maltrato, el matrimonio infantil o la mutilación genital femenina.
Luca Fabris ha incidido en “la vulnerabilidad de quienes viven en campamentos de refugiados, con condiciones de salud muy precarias y hacinamiento, lo que les expone aún más a posibles contagios de coronavirus” y de otras enfermedades.
El responsable de Cooperación Internacional en África de Entreculturas ha denunciado que los derechos humanos de estas personas “se están violando sistemáticamente” en contextos muy diferentes entre sí, aunque a todos les une la ausencia de recursos implementados para su atención.
Fabris ha puesto el ejemplo de lo que se vive en tres puntos de frontera paradigmáticos en nuestro tiempo: Chad (donde la situación de las niñas es especialmente grave), Colombia (en cuya frontera con Venezuela los refugiados viven en condiciones durísimas) y Líbano (un país que tradicionalmente ha sido acogedor de refugiados y que ahora vive una situación excepcional con quienes huyen de la guerra en Siria).
Sobre Chad, precisamente, ha hablado Elena González, quien ha contado que han tenido “muchas trabas” por parte de los líderes comunitarios a la hora de concienciarles sobre las medidas sanitarias para prevenir y combatir el Covid-19. Y es que las mentalidades tradicionales suponen “el mayor desafío”, pues desde el SJR detectan que esta situación especial puede hacer que haya “13 millones de matrimonios infantiles y dos millones de mutilaciones genitales femeninas más en los próximos años”.
Junto a Elena González, Farida ha compartido su testimonio, destacando hasta qué punto le ha afectado el golpeo del coronavirus, viéndose obligada a estudiar en casa, donde, por suerte, cuenta con el apoyo de su hermana mayor, estudiante universitaria. A sus 15 años, la joven va al Instituto Kowetien, en Yamena, donde su familia llegó hace seis años proveniente de República Centroafricana.
“Lo que más echo de menos –ha contado la joven– son las clases, ver a mis amigos y a mis profesores. Además, está en juego mi futuro, pues, cuando sea mayor, quiero ser médico”. Algo que siente como una vocación y también como un modo de ayudar a su familia, ya que “mi padre no tiene empleo y las condiciones de vida son difíciles en el campamento de refugiados”.
Con todo, ella se siente una afortunada, pues varias de sus amigas “no tienen acceso a la educación”, pues sus padres se lo impiden. Algo que, teme, puede provocar que caigan en problemas como sufrir “acoso en la calle, embarazos no deseados o matrimonios precoces”. A su juicio, “una chica que recibe educación y cuyos padres están informados puede, más fácilmente, saber las consecuencias que esto puede tener para ella en el resto de su vida”.
Rayhana Itani, coordinadora pedagógica del SJR en Líbano, ha detallado cómo están repartiendo ayuda para las familias más afectadas. Respecto a los estudiantes en sus centros, tratan de ofrecerles métodos alternativos para poder continuar el ritmo de las clases.
De cara al verano, están organizando un campamento para los alumnos, “ya que somos conscientes de hasta qué punto es importante la escuela en su vida”, no solo en lo formativo. Para aquellos que no están pudiendo seguir de ningún modo las clases, están impulsando actividades extras y que así puedan coger el ritmo de aprendizaje y volver a empezar con normalidad en septiembre.
Con todo, algunos chicos sirios de los campamentos “se ven forzados a dejar las clases para empezar a trabajar en la agricultura y en otros ámbitos”, donde están sufriendo “abusos” de todo tipo, también sexuales. Al menos, se felicita, están pudiendo ofrecer alternativas para un grupo de niñas, “donde están protegidas y permanecen ajenas a esta violencia”. “El objetivo principal –reclama Itani– es proteger a todos los menores”.
Óscar Javier Calderón, director del SJR en América Latina y el Caribe, ha abordado la situación que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela. “Pese a los acuerdos imperantes, detectamos que ha habido un aumento de la incidencia de la violencia en la infancia, incrementándose el reclutamiento de niños por el ELN, grupos disidentes de las FARC u otros grupos que captan a menores a través de las redes sociales, tratando de seducirles con dinero”.
También ha deplorado que el cierre de las escuelas y centros deja a muchos menores más expuestos al coronavirus y a otro tipo de enfermedades, creciendo su “estigmatización” por parte de la sociedad, habiendo grupos que les achacan el aumento de contagios. El reto de revertir esta imagen corresponde a las autoridades, que, pese a ello, “no hacen lo suficiente para proteger su vida”.
“Pese a que las fronteras están cerradas –ha concluido Calderón– por el coronavirus, la inmigración continúa. Algo que, paradójicamente, eleva la violencia contra los más vulnerables, teniendo más fuerza los grupos criminales que están al margen de la ley“.
De ahí que la clave está en “generar preguntas en las comunidades locales, haciendo que se cuestionen sobre sus propias raíces culturales, pues comparten muchas tradiciones y costumbres con los venezolanos”. De ahí que que haya que apostar por “una memoria de la hospitalidad”.