La Ley Celaá entra en el Congreso, pero deja fuera el consenso

A pesar de las advertencias de distintos colectivos sociales, la nueva ley de educación, el Proyecto de LOMLOE propuesto por la ministra socialista Isabel Celaá, ha sido discutido por primera vez en la cámara en pleno estado de alarma. Una propuesta de ley orgánica que, como ha denunciado Escuelas Católicas, “el Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para avanzar en la tramitación de la LOMLOE sin debate y, por supuesto, sin consenso”.

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Una mala noticia

En esta primera discusión parlamentaria, el Congreso de los Diputados ha rechazado ayer todas las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos. “Una mala noticia para nuestro sistema educativo, que se ha visto hurtado del imprescindible debate que toda ley de este calado debe tener”, apuntan desde la patronal religiosa.

Para Escuelas Católicas, “tal y como se sospechaba, el Gobierno ha hurtado el debate sobre la LOMLOE tramitándola en medio de una pandemia, con un Gobierno en debilidad y en clara minoría, sin debate parlamentario ni diálogo social”. Por ello, “ahora solo cabe esperar a que se permitan las comparecencias de los representantes del sector educativo y que las enmiendas al articulado no sirvan para empeorar aún más una ley que es un claro retroceso para nuestro sistema educativo, porque es de facto una vuelta a la fracasada LOE, y porque pone límites inaceptables a las libertades de los ciudadanos”, reclaman.

Trofeos políticos

Por ello, critican que la “derogación de la LOMCE” es un asunto que “no debería convertirse en un trofeo político, tan ansiado por algunos, sino en una oportunidad de hacer una Ley de consenso y que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo”. Y es que el proyecto deja fuera propuestas de la concertada ya que “elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas; permite la distribución del alumnado por la Administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres; inventa un derecho a la educación pública, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación; olvida los derechos de los padres como responsables de sus hijos; introduce un comisario político en los centros concertados; posterga la enseñanza de la Religión; impone una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados; limita la autonomía de los centros; ataca a la educación diferenciada; y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial”.

Junto con otras muchas entidades del sector, “Escuelas Católicas reclama al Gobierno que permita un debate parlamentario y social real que nos lleve a una ley de consenso y que respete el lugar que corresponde a la red concertada dentro de nuestro sistema educativo”. Además, reclama que “el Gobierno preste un apoyo equitativo a todos los centros, públicos y concertados, que quede bien reflejado tanto en la LOMLOE como en las medidas para superar las consecuencias del COVID-19 que decidan las administraciones”.