“Tras examinar con atención el actual Proyecto de Ley, nos parece tener que insistir en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial”. De esta manera se ha expresado hoy la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española en un comunicado ante la tramitación de la la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, en el Congreso de los Diputados.
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Los prelados piden a la ministra de Educación, Isabel Celaá, un “esfuerzo de diálogo y de colaboración leal”, para lo que ofrecen su “plena disponibilidad”. En su argumentación, los obispos españoles muestran su preocupación por el hecho de que no se respete “la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos”. Y añaden: “Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es, sin embargo, el sujeto del derecho educativo”.
Para los obispos es necesario que “la futura Ley siga recogiendo la ‘demanda social’ en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación”.
Defensa de la asignatura de Religión
Por otro lado, aluden a “la formación integral como un principio educativo recogido también por la Constitución” para justificar la asignatura de Religión, a la que dedican el grueso de su escrito. “No puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que esta pueda crecer como sujeto responsable y libre”.
“Queremos insistir en que esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona. Pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad”, agregan.
Los prelados, encabezados por Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo y presidente de la Comisión, indican que “la persona, además, no existe nunca como individuo aislado, sino como miembro de un pueblo, partícipe de una cultura, de una tradición. La cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana”.
Para el Episcopado, la asignatura de Religión católica es “una respuesta a estas exigencias en el caso de la mayoría del alumnado. Ciertamente puede ser integrada de varios modos en el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se generen para nadie agravios comparativos. De igual manera, habrá de respetarse el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado. Pero no debe ser considerada ajena al proceso educativo”. Por ello, “debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable de igual manera”, sentencian.
Por último, apelan nuevamente al diálogo, pero dejando claro que “no podemos dejar de tener en cuenta el marco jurídico fundamental, que, defendiendo los derechos y libertades fundamentales, constituye la base no solo de nuestro ‘pacto social’, sino también de un muy deseable ‘pacto escolar’. La presencia de la Iglesia, del ‘pueblo católico’ en nuestra sociedad es grande, y ha desarrollado una tradición educativa secular. Creemos que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad, que posibilite el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa y, sobre todo, que sirva así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad”.
