El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, ha dado un paso al frente para defender a la escuela concertada y, por tanto, a los colegios católicos, dentro del sistema público de enseñanza, justo cuando la llamada Ley Celaá comienza a debatirse en el Congreso.
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Así se lo recuerda al Gobierno en una entrevista concedida a la agencia Efe, en la que subraya que “la enseñanza entera es pública. Es para todos. Ahora una está promovida por el Estado, otra por instituciones sociales o religiosas, pero es pública: eso es un régimen de libertad”.
Con la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá en el Congreso, el cardenal arzobispo de Madrid ha reivindicado más consenso al Ejecutivo: “Tenemos que generar siempre espacios de libertad, no espacios donde yo solo soy el que dirija”.
Necesidad de consenso
En esta misma línea, Osoro se ha pronunciado también en su carta semanal en la que defiende que “necesitamos una ley educativa que piense en las personas, que sea fruto del consenso y que tenga horizontes de futuro”.
Consciente de que la tramitación parlamentaria cuenta con las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos, la Iglesia también ha mostrado su disconformidad por el hecho de que desaparezca la obligación de una materia alternativa a la Religión y su calificación no se vaya a tener en cuenta en la nota media para becas o los procesos de acceso a la universidad. De la misma manera, tanto los obispos como los religiosos responsables de los centros educativos eclesiales se niegan a admitir que la reforma elimine el criterio de la “demanda social” a la hora de elegir colegio.
De ahí que en su carta, el arzobispo de Madrid advierta de la tentación de “anular al otro porque piensa diferente” y subraya que “anular en educación es no reconocer las dimensiones que el ser humano tiene, que a algunos les hace situarse en la vida como creyentes”.