Desde la llegada a América Latina de la pandemia del COVID-19, se estima que al menos 163 millones de escolares se han visto afectados en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, junto con sus familias, docentes y los ecosistemas de educación de primaria, secundaria y terciaria, en general.
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“Las escuelas cerraron sus puertas de un momento a otro, y tuvieron que migrar a estrategias mediadas por la virtualidad. Fue ahí donde comenzamos a evidenciar la fragilidad de nuestros sistemas educativos: alumnos y familias con escasez tecnológica, acompañados por adultos con poca escolarización, fue el común denominador”, comenta a Vida Nueva el secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC), Óscar Pérez Sayago. “Esto hizo que nuestros colegios y nuestros maestros tuvieran que repensar contenidos, pedagogías, modelos de aprendizaje, y a los directivos les ha llevado a considerar seriamente hacia dónde tendrá que ir la educación”.
Brasil, sin solución educativa
En Brasil, el hermano Paulo Fossatti, presidente de la Asociación Nacional de Educación Católica (ANEC), pondera que “el COVID-19 golpeó a las instituciones en distintos niveles: unas estaban preparadas para la educación remota sincrónica, otras apenas se estaban iniciando al mundo online y algunas estaban desprovistas de herramientas para continuar sus proyectos pedagógicos con sistemas remotos”.
Aunque las escuelas y universidades afiliadas a la ANEC se encuentran mayoritariamente en el primer grupo, el religioso lasallista reconoce que gran parte de las instituciones públicas “no estaban preparadas y muchas de ellas simplemente cerraron sus puertas y no dieron continuidad a sus actividades educativas”.
Las polémicas posturas del Gobierno de Jair Bolsonaro, dividido entre la atención a la salud y el cumplimento de protocolos de distanciamiento social, por una parte, y la presión de los empresarios para mantener en movimiento la economía y el comercio, por otra, tampoco aportan soluciones al sector educativo, cuando el gigante latinoamericano ya supera el umbral de las 45.000 víctimas mortales.
Venezuela, aún más desestabilizada
El caso de Venezuela es particularmente dramático. Según Trina Carmona, “la llegada del COVID-19 ha contribuido a desestabilizar el país, todavía más, ante la prolongada crisis económica y social que viene afectando al sector educativo”. Carmona, quien hasta hace poco presidió la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), ha sido testigo del impacto de esta situación, “que ya había propiciado una baja considerable en las matrículas y en la plantilla de docentes, tanto en la educación pública como en la privada, debido a la búsqueda de alternativas económicas para sobrevivir y cubrir las necesidades básicas en las familias”.
Si bien la suspensión de las actividades académicas desde el mes de marzo, por parte del Gobierno venezolano, habría permitido contener la propagación del virus, el reciente anuncio del jefe de cartera del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, de posponer el reinicio de las clases hasta enero del próximo año, ha generado enormes interrogantes entre los educadores.
“Esto significaría que los estudiantes estarían casi un año sin tener contacto con sus maestros, pues en muchos lugares ya se habían suspendido las actividades desde principios de año por falta de electricidad o de agua”, comenta la expresidenta de la AVEC, aunque alberga la esperanza de que “se evalúen acertadamente estas decisiones sobre el inicio del año escolar, sin dejar de considerar los derechos a la educación de los niños, las niñas y los adolescente, pues al final los más débiles son los más afectados, especialmente los sectores populares”.
Brecha digital en los colegios
Desde otras latitudes, en los establecimientos educativos de Nicaragua la orientación de mantener las clases presenciales también ha sido blanco de críticas. “La gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno y los organismos del Gobierno no ha sido clara y deja mucho que desear”, lamenta la hermana Giselle Gómez, presidenta de la Federación Nicaragüense de Educación Católica (FENEC).
Sin embargo, la religiosa no ignora que “un alto porcentaje de padres y madres han optado por no enviar a sus hijos e hijas a clases”, mientras que la FENEC se anticipó en la preparación de protocolos de bioseguridad y adelantó gestiones ante el Ministerio de Educación que le permitieron lograr su autorización para desarrollar la educación a distancia. “Cada escuela debe solicitar la renovación de la autorización cada quince días y presentar la evaluación del período, así como los contenidos que se han priorizado para el siguiente”, detalla la hermana Giselle, sin dejar de reconocer que “la realidad de los colegios es muy distinta y se hace evidente la brecha digital entre los privados y los subvencionados”.
