El obispo de la Diócesis de Tehuantepec, Crispín Ojeda Márquez, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no quede impune el asesinato de 15 indígenas Ikots del ayuntamiento de San Mateo del Mar, en el estado de Oaxaca.
A través de un pronunciamiento conjunto con el obispo emérito, Arturo Lona Reyes, y presidente del Centro de Derechos Humanos Tepeyac A.C., Ojeda Márquez se dirigió no sólo al Jefe del Ejecutivo, sino también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al considerar que las muertes pudieron haberse evitado.
En la misiva, ambos obispos recordaron que esta comunidad indígena ha sido víctima de una desatención añeja por parte de los diferentes niveles de gobierno, lo cual ha traído como consecuencia no sólo estos asesinatos, sino una grave violación a sus derechos humanos.
El asesinato de los 15 indígenas tiene como trasfondo un conflicto político-electoral, y de acuerdo con las autoridades locales y federales, también habrían estado involucrados miembros del crimen organizado que buscan apoderarse del territorio por su ubicación estratégica para el tráfico de indocumentados y de combustible robado.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado 21 de junio en la comunidad indígena de Huazantlán del Río, al encontrarse, supuestamente en un retén sanitario por el Covid-19, dos grupos opositores en pugna, seguidores y opositores al presidente municipal de San Mateo del Mar. En este caso, las personas fallecidas eran simpatizantes del edil.
Crispín Ojeda y Arturo Lona manifestaron su preocupación por la violencia que existe en esa comunidad indígena, pero sobre todo por que puedan existir actores ajenos a la comunidad que están alentando la violencia entre hermanos.
“Nos preocupa que aun cuando se tiene conocimiento de que el problema que viven los hermanos de San Mateo del Mar es de alto riesgo para la vida, la seguridad y la paz, las acciones que han realizado el gobierno federal y estatal, no previnieran la violencia que se generó y que dio como resultado la muerte, lesiones y daños de personas”, señala el pronunciamiento.
Instaron a los gobiernos federal y estatal a garantizar las medidas de apoyo y asistencia que señala la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca, a los deudos de las personas fallecidas; que se atienda, a través de asistencia psicológica y médica, a los niños, niñas y adolescentes que se quedaron en la orfandad, y que se garantice la atención médica a los lesionados en clínicas especializadas.
Los obispos también solicitaron que se realicen las investigaciones penales y administrativas que correspondan, para que los hechos ocurridos no queden en la impunidad, y que se inicie un proceso de paz y reconciliación que garantice la pacificación interna de la comunidad, así como las poblaciones vecinas.
“Pedimos al señor Dios sabiduría en su quehacer para dar un buen servicio al pueblo y en particular a los hermanos indígenas Ikots”.