Los hijos de Ignacio de Loyola lo son, en nuestro tiempo, también de Francisco de Asís. No solo porque un papa jesuita lleve el nombre del ‘Poverello’, sino porque su apuesta por la defensa del planeta y los derechos de las víctimas de la injusticia climática son un pilar claro de toda su acción en el mundo. Prueba de ello es Justicia en Minería, una de las cuatro Redes Ignacianas de Incidencia Global establecidas por la Compañía de Jesús a nivel mundial.
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Pedro Landa, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús en Honduras, explica que “estas redes de incidencia global fueron establecidas siguiendo la 35ª Congregación General, celebrada en 2008 –de ella salió elegido como prepósito general el recientemente fallecido Adolfo Nicolás–, que puso énfasis en los nuevos desafíos globales, los cuales exigen a la Compañía de Jesús ‘actuar como un cuerpo universal con una misión universal’”.
Respuestas concretas
Estas estructuras de trabajo, que están bajo el paraguas del Secretariado de Justicia Social y Ecología (SJES) de la Compañía, que dirige el jesuita indio Xavier Jeyaraj, suponen un intento de ofrecer respuestas concretas “en cuestiones tan importantes como las migraciones forzosas, la ecología, el derecho a la educación o la justicia en la minería”. Así lo destaca la española Valeria Méndez de Vigo, coordinadora de Trabajo en red, Incidencia pública y Comunicación del SJES y que valora que su trabajo diario siempre parte de “una perspectiva global”.
Como abunda Landa, la Red Justicia en Minería aglutina, en sí misma, “a los centros sociales y organizaciones jesuitas de todo el mundo que, inspirados por la espiritualidad ignaciana y la encíclica Laudato si’, trabajan acompañando a comunidades afectadas por la minería en distintas regiones de Latinoamérica, África y Asia. A través de nuestro apoyo, desde la red queremos dar voz a sus preocupaciones y abordar, no solo las consecuencias negativas de la minería, sino también el debate público sobre el modelo de desarrollo que en muchas ocasiones genera dichos impactos”.
Ante el coronavirus
Una de las cosas en las que trabaja este organismo jesuita es en la concienciación ciudadana y la búsqueda de la incidencia política. Así, por ejemplo, el pasado 11 de mayo, ante el golpeo de la pandemia del coronavirus en comunidades ya de por sí desgastadas por la influencia de la explotación minera en sus entornos, publicaron un comunicado en el que denunciaron que “la pandemia de COVID-19 está teniendo efectos mundialmente devastadores en todos los aspectos de la vida: la economía, la seguridad, la educación, la alimentación y la salud de las familias y las comunidades”. “En este escenario –defendían–, deberíamos guiarnos por los valores de la cooperación y la solidaridad; de lo contrario, los excluidos y los más vulnerables de la sociedad se llevarán la peor parte de esta pandemia, durante y después de la crisis”.
Como señala Guillermo Otano, miembro de ALBOAN y coordinador de la Red Justicia en Minería, “el alcance mundial de la pandemia del coronavirus ha agravado la situación de muchas de las comunidades con las que trabajamos en diferentes regiones. La mayoría viven en la pobreza, a pesar de habitar territorios ricos en bienes naturales, y sufren de una falta de acceso estructural a servicios de educación, salud y otras necesidades básicas. Con la crisis sanitaria, algunos de estos problemas van a verse agravados. Hoy, sabemos que las tasas de mortalidad son mayores entre los más desfavorecidos y, a los impactos que esta pandemia va a tener sobre la salud, hay que sumarle las consecuencias económicas que las medidas de confinamiento van a tener en estos territorios”.
Caso Guanipol
Por supuesto, más allá de esa mirada global, Justicia en Minería también baja al barro y concreta su apuesta en el apoyo a comunidades de todo el planeta cuya situación está en entredicho por los intereses económicos de grandes corporaciones, en su mayoría internacionales, que se alían con gobiernos locales para rapiñar los derechos de los más vulnerables. Así, en Honduras, ERIC-Radio Progreso, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, se ha comprometido a fondo en el llamado Caso Guanipol”.
“En sintonía con Francisco y su encíclica Laudato si’ –reivindica este miembro del ERIC–, acompañamos las luchas de las comunidades víctimas del modelo extractivo minero energético. En el caso de la comunidad de Guapinol, que pertenece a una parroquia jesuita en el norte de Honduras, estamos ante un caso muy sintomático de esta realidad, pues, desde hace más de cinco años, nos enfrentamos a una de las familias más poderosas de Centroamérica, que pretende destruir un Parque Nacional de donde nacen tres ríos que abastecen de agua a más de 200 comunidades”.
Enfrentados al poder económico
“Es así –detalla Landa– que, lo que se inició como una de lucha de 14 comunidades, es hoy una causa de carácter nacional encabezada por 32 líderes sociales, muchos de ellos agentes de pastoral de la Parroquia San Isidro Labrador, que se han enfrentado al poder económico de las empresas mineras y a un sistema judicial corrupto y servil a los grandes capitales. Y aunando la represión militar y policial, que ha llevado a que este conflicto, además de los graves daños ecológicos, haya dejado al menos tres personas muertas, 32 líderes acusados en las cortes nacionales y ocho de ellos encarcelados injustamente… Y todo por el único delito de defender el agua y la vida”.
“Sabemos –concluye este defensor de los derechos humanos hondureño– que el cambio de sistema, con su modelo extractivista, no será fácil, pero tenemos la convicción de que es la misión que Dios nos ha encomendado en este momento histórico y, por tanto, es nuestro deber esencial acometerla. Porque, tal y como nos recuerda san Ignacio de Loyola, ‘el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras’. Es hora de demostrar nuestra capacidad de amar y servir”.
