La Fundación FOESSA ha sacado a la luz, dentro de su serie ‘Focus’, un análisis sobre el sistema de ingresos mínimos en España, a raíz de la aprobación, el pasado 29 de mayo, del Real Decreto-ley que pone sobre la mesa el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en nuestro país.
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Así, bajo el título ‘Vulneración de derechos: Ingresos Mínimos’, se ha buscado identificar los puntos débiles del modelo Español de protección social, concretamente a partir del IMV. De esta manera, se ha analizado el grado de respaldo social del mismo y cómo su implementación puede suponer un factor determinante para reducir la pobreza extrema si se hace de forma correcta.
“El sistema de ingresos mínimos se plantea como uno de los soportes básicos de la protección social para el mantenimiento de un nivel de vida digno de la ciudadanía”, señala el documento, y “su objetivo primordial es facilitar un bienestar mínimo a la población vulnerable reduciendo la pobreza”. Sin embargo, el modelo español “desde su origen ha presentado tres principales elementos deficitarios: un alto grado de desigualdad territorial, una baja intensidad protectora y una cobertura limitada”.
Oportunidad perdida
Asimismo, el estudio analiza la capacidad protectora que ofrecen los distintos sistemas de ingresos mínimos que, desde criterios muy desiguales, han ido desarrollando en las últimas cuatro décadas las Comunidades Autónomas. Y alerta de que, aunque la aprobación de un IMV de ámbito estatal es un claro avance, “si no se desarrolla adecuadamente a nivel reglamentario y si no se articula adecuadamente con los sistemas existentes en las Comunidades Autónomas, se tratará de una oportunidad pérdida para los hogares más vulnerables”.
El estudio de FOESSA subraya, además, que según el barómetro del CIS de mayo, el 83,4% de los encuestados están de acuerdo con la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital de carácter estatal. Algo que, para los autores del estudio, sitúa a España un poco más cerca de la media europea de protección social. De hecho, según cálculos del Gobierno, el IMV llegaría a 850.000 hogares (2,3 millones de personas), con lo que se triplica la protección a la población con escasos recursos en España.
Por su parte, Cáritas asevera la necesidad de “ser vigilante y seguir trabajando para que el sistema de protección social no deje a nadie atrás, en particular a los más vulnerables”, e identifica una serie de retos a los que el IMV deberá enfrentarse para conseguir su objetivo. Ejemplo de ello es la situación en la que quedan las personas en situación administrativa irregular, los jóvenes emancipados menores de 23 años, las familias que viven en habitaciones compartiendo la vivienda con más de dos familias, la vinculación con el empleo o la situación de las personas que residen de forma permanente en lugares con financiación pública.
Por último, Cáritas subraya la necesidad de que las Comunidades Autónomas mantengan la inversión que actualmente destinan a las prestaciones de garantía de ingresos mínimos autonómicas para que, de esta manera, se pueda complementar el Ingreso Mínimo Vital o dar cobertura a aquellos perfiles a los que el IMV no llegue.
