La Santa Sede ha presentado hoy, 3 de julio, el Informe de 2019 de la Autoridad de Inteligencia Financiera (AIF), el organismo creado en 2010 por Benedicto XVI responsable de combatir la evasión fiscal y la financiación del terrorismo, así como de supervisar entidades del Vaticano que realizan actividad financiera, como el Instituto de Obras Religiosas (IOR).
En el documento, se detalla que, en 2019, hubo un total de 64 informes de operaciones sospechosas. Todas ellas han sido estudiadas y analizadas para poner en marcha las medidas preventivas necesarias en los casos que ha sido preciso. Por su parte, el Comité de Seguridad Financiera (Cosifi) ha confirmado que existe “un nivel medio-bajo de riesgo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y un nivel bajo de riesgo en el ámbito de la financiación del terrorismo”.
Y es que, tras el análisis que se ha llevado a cabo, “se comprobó que carecía de elementos subjetivos u objetivos que pudieran rastrear efectivamente la operación hasta las actividades de financiación del terrorismo”. Por lo tanto, se confirma “un bajo nivel de riesgo relacionado con la financiación del terrorismo”.
Por otro lado, en el documento se subraya que “en general” se están presentando, cada vez, “informes de mayor calidad, teniendo en cuenta también la orientación proporcionada con indicadores de anomalías más específicos y una aplicación más consciente de un enfoque basado en los riesgos”.
De esta manera, el informe subraya que el Vaticano “se ha comprometido firmemente a garantizar la cooperación y el intercambio de información a nivel internacional a fin de prevenir la evasión fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los ciudadanos extranjeros y las personas jurídicas que tienen una relación con el IOR”.
En esta misma línea, Carmelo Barbagallo, presidente de la AIF, ha explicado a Vatican News que la Santa Sede que las auditorías y controles realizados por la AIF en 2019 han demostrado que la aplicación de los procedimientos adoptados por el IOR son, en general, eficaces. “Además, las actividades generales de vigilancia no condujeron a la detección de anomalías significativas e indicadores de riesgo”, ha asegurado.
En cuanto a la investigación por parte de la Secretaría de Estado que, en octubre de 2019, provocó la suspensión del anterior director de la AIF, Barbagallo ha señalado que esta no incumbía a “la Autoridad como tal, sino a un solo componente de la misma” cuya inocencia aun se debe suponer “hasta que se demuestre lo contrario”.
La actividad financiera del Vaticano será sometida a la revisión de Moneyval –el organismo del Consejo de Europa que monitorea el cumplimiento de la normativa en materia económica internacional– a finales de septiembre de 2020. Ante esto, Barbagallo asegura que es “una cita particularmente importante para la jurisdicción del Vaticano”.
“La evaluación de Moneyval cubrirá tanto el marco regulatorio general para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, como su implementación efectiva”, explica. “Estoy seguro de que llegaremos preparados, destacando los múltiples avances realizados en el sistema de controles y las premisas establecidas hoy para su consolidación estable”.