El Servicio Jesuita a Migrantes critica la “falta de transparencia” del Gobierno al no facilitar los datos oficiales sobre los CIE

Por décimo año, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado en la mañana de hoy, desde la Universidad Pontificia Comillas, su informe anual sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Este informe viene marcado por la “falta de entrega de cifras por el Portal de la Transparencia: aunque la Administración se escuda en el Estado de Alarma, el plazo de dos meses que fija la ley ya había transcurrido”, según denuncian.

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“Este año, el Portal de Transparencia no ha dado los datos estadísticos. Lo tenía que hacer el 13 de marzo, después de pedirlo dos meses antes”, ha dicho Iván Lendrino, autor del Informe, director de Pueblos Unidos-SJM y coordinador del área CIE SJM. Durante su intervención cargó contra la “falta de transparencia del Gobierno”. “Seguiremos pidiendo los datos y aspiramos a poder elaborar ese análisis y publicarlo. El Gobierno nos lo debe”, ha añadido.

En el mismo sentido se ha expresado Mª Carmen de la Fuente, coordinadora del SJM: “La falta de transparencia del Gobierno de España es deplorable, y el abuso del estado de alarma para incumplir la ley es injustificable”. Por otro lado, ha hecho hincapié en que es la “primera vez que presentamos el Informe con los centros vacíos y esperamos que sigan así. No es todo lo que pasa pero es la realidad, una realidad cruel e injusta mientras muchos de nosotros miramos hacia otro lado”. Y ha añadido: “Seguimos solicitando su cierre”.

El estudio de 2019, titulado ‘Diez años mirando a otro lado’, recoge la realidad de los últimos diez años, en los que “el Ministerio del Interior ha mirado a otro lado, mientras la sociedad civil, el Defensor del Pueblo y los juzgados de control miran de frente una realidad que no se sostiene”.

793 personas visitadas

En 2019 los equipos SJM visitaron a 793 personas en los CIE de Madrid-Aluche, Barcelona-Zona Franca, Valencia-Zapadores, Algeciras-La Piñera y Tarifa-Isla de las Palomas: 749 varones y 44 mujeres (en Madrid); el 74% magrebíes (57% marroquíes y 17% argelinos); un 39% con expediente de devolución, un 34% con orden de expulsión por estancia irregular, así como un 10% con una orden de expulsión ligada a la previa comisión de un delito. Identificaron a 59 probables menores, más de la mitad en Barcelona.

Entre las vulneraciones detectadas de primera mano, destacan internos que alegan minoría de edad, problemas de acceso al asilo, haber sido objeto de violencia policial o algunas mujeres posibles víctimas de trata y de violencia de género.

Durante 2019 fueron internadas un total de 6.473 personas en los CIE, un 18% menos respecto al año anterior, la gran mayoría con un procedimiento de devolución por entrada ilegal. El porcentaje de expulsión desde los CIE se aproximó al 60%, cifra ligeramente más alta que la de 2018; mientras que una de cada tres personas internadas solicitaron asilo desde los centros, una cifra considerablemente superior a la de 2018.

3.871 personas repatriadas forzosamente

El pasado año fueron repatriadas forzosamente desde los CIE 3.871 personas, mientras que 2.513 fueron puestas en libertad. La cifra de personas expulsadas o devueltas desde los CIE disminuye en términos absolutos respecto de las 4.582 de 2018.

En 2019 solicitaron protección internacional desde un CIE 2.164 personas, esto es, un 33,43% de las 6.473 internadas. Se observa un aumento notable respecto de 2018, cuando habían sido 1.776, esto es, un 22,61% de las 7.855 internadas. No obstante, aunque en 2019 aumentara el número de solicitantes de protección internacional en los CIE, todavía se observan obstáculos para ejercer este derecho. La oficina de ACNUR en España aporta sus estimaciones sobre la nacionalidad de los solicitantes de protección desde el CIE, destacando cinco grupos según su porcentaje aproximado respecto del total: marroquí (53%), argelino (27%), maliense (4%) y colombiano (4%).

Durante la presentación, Ana Bosch, autora del informe, coordinadora del Área CIE en Pueblos Unidos-SJM, ha pedido a la Administración que “tome medidas y mire una realidad que es aplastante”, al mismo tiempo que ha celebrado que el CIE de Tarifa no vuelva a abrir.

Falta de voluntad política

Por su parte, Josep Buades, SJ, principal autor del informe y director de la Asociación Claver-SJM, ha denunciado que los dos últimos ministros de Interior, de PP y PSOE, mantienen un discurso idéntico. “La clase política mira hacia otro lado ante esta realidad. Hay una falta de voluntad”, ha remarcado.

El SJM pide políticas nuevas ante tiempos nuevos: “Mirando de frente el internamiento de personas extranjeras es difícil pensar en otra cosa que no sea en el cierre de los CIE. Hoy por hoy, el ordenamiento jurídico prevé medidas cautelares alternativas para asegurar la ejecución de las órdenes de expulsión. Con la ley en la mano, el internamiento debería ser residual, una medida aplicable solo como último recurso”.

Para los jesuitas, la experiencia vivida durante la crisis del coronavirus demuestra que España “ha podido vivir con los CIE vacíos”. “La progresiva puesta en libertad de las personas extranjeras internadas ha sido una buena práctica por la que España ha destacado en Europa”, han insistido, al mismo tiempo que han señalado que “no es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas y en el internamiento como demostración de fuerza que solo tranquiliza a la opinión pública en el país… porque no surte efecto disuasor alguno en las coyunturas de inmigración”.