“No entendemos muy bien que se haya creado un criterio de reparto de ayuda en el que se excluya a una parte que representa a un tercio de la red pública”. Es la reflexión que lanza el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, tras el veto de PSOE y Unidas Podemos en la Comisión de Reconstrucción de la Pandemia del Congreso de los Diputados.
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El también obispo auxiliar de Valladolid no tiró en cambio la toalla y confía en que se dé un giro: “Todavía estamos a tiempo, porque se ha aprobado una propuesta, todavía tiene que ir al Pleno del Congreso y después articularse en cada autonomía”.
En el marco de la rueda de prensa con motivo de la Comisión Permanente celebrada estos días por los obispos, Argüello recordó que el gasto que supone un puesto escolar en un colegio público “es bastante más alto” que la concertada.
Preocupados por la Ley Celaá
De la misma manera, confesó cómo a los obispos “nos ha sorprendido que en el estado de alarma se haya abierto el debate sobre la reforma educativa”. Así, frente a la unilateralidad de la ministra Isabel Celaá, “hacemos siempre un llamamiento al pacto escolar”.
“No solo estamos preocupados por la educación concertada sino por la red pública estatal”, añadió al valor que la nueva ley “establece en el mismo rango a padres y Estado” en referencia a la “coeducación” que propone. “Nosotros creemos que hay una subsidiariedad del Estado”, señaló, defendiendo que los principales educadores son los padres. En esta misma línea, también mostró su “preocupación por el estatus de la educación moral y religiosa”, esto es, por la asignatura de religión.
En cualquier caso, hizo un llamamiento al Gobierno para llevar a cabo “un encuentro en la plaza pública” y promover “el diálogo y llegar a acuerdos”. “Tenemos que encontrar un lugar común donde el derecho de todos sea respetado”, deseó.
