Tras un complejo debate, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ratificado el derecho de las escuelas católicas de contratar o despedir a los profesores idóneos, sin que el gobierno interfiera en estas decisiones. Un fallo que se produce tras analizar de forma detenida los procesos judiciales de dos escuelas Our Lady of Guadalupe School contra Morrissey-Berru y St. James School contra Biel, ambos centros en Los Ángeles.
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Cuestión de libertades
El alto tribunal falló con 7 votos a favor y 2 en contra que “la educación religiosa y la formación de los estudiantes es la razón misma de la existencia de la mayoría de escuelas religiosas privadas, y por ello de la selección y supervisión de los profesores a quienes las escuelas confían este trabajo que está en el corazón de su misión”, escribió el juez Samuel Alito por la mayoría, según recoge CNA.
“La revisión judicial sobre la forma en que las escuelas religiosas encargan esas responsabilidades minan la independencia de las instituciones religiosas de una forma que la Primera Enmienda no tolera”, continúa el alegado de Alito. Y es que dicha enmienda prohíbe la creación de leyes que establezcan oficialmente una religión, que impidan la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa y que interfiera con el derecho de reunión pacífica, entre otros derechos.
Satisfacción por la sentencia
La Corte Suprema ha analizado el caso de profesores a los que no se les renovó su contrato en 2014 y 2015. En los juicios previos, los docentes achacaron el despido a motivos de edad y de discapacidad según las leyes antidiscriminación estadounidenses. Algo que fue rechazado por los magistrados.
Para el Comité de Libertad Religiosa y el Comité de Educación Católica del la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, “las escuelas Our Lady of Guadalupe y St. James siguen la tradición católica de ofrecer educación cristiana” y en este sentido presentan un servicio evangelizador. “Como instituciones que cumplen un ministerio de la Iglesia, las escuelas católicas tienen un derecho, reconocido por la Constitución, de seleccionar a la gentecque cumplirá el ministerio y el gobierno no tiene autoridad para revisar esas decisiones ministeriales”, señalaron en un comunicado en el que aplauden “la decisión de la Corte Suprema, que correctamente reconoció este límite de la autoridad del estado. Esta decisión significa que la Iglesia puede seguir sirviendo a sus hermanos con integridad”, concluyen
