Controversia en Colombia por dura crítica del arzobispo de Cali al Gobierno de Iván Duque

Desde que se dieron a conocer los duros cuestionamientos del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, a la gestión del Gobierno de Iván Duque, durante la V Asamblea de la Comisión Étnica para la Paz y los Derechos Territoriales realizada en modalidad virtual entre el 1º y el 3 de julio, se ha desatado una controversia en redes sociales, particularmente en torno al calificativo que utilizó el obispo con relación al desmonte de los Acuerdos de Paz en la actual gestión: “venganza genocida”.

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“Venganza genocida”

Las palabras de Monsalve, recogidas por algunos medios –como Caracol Radio–, generaron múltiples expresiones de apoyo y de rechazo entre políticos, líderes de opinión y en la sociedad en general, reflejando la polarización que suscitan los procesos de paz y la implementación de los acuerdos logrados en La Habana, en 2016, con las FARC.  “Desde los comienzos de la campaña electoral, se sentía un espíritu de venganza contra el Gobierno Santos que vislumbró estos procesos, un espíritu de venganza contra el pueblo que los acompañaba y, lo más grave, una venganza contra los mismos excombatientes o exguerrilleros de las Farc que se acogieron al proceso“, dijo el arzobispo de Cali, y continuó refiriéndose a “una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenía o tiene influencia las organizaciones subversivas“. 

El arzobispo de Cali también ha criticado la pérdida de interlocución con el grupo guerrillero del ELN y, con ello, la imposibilidad de adelantar los diálogos que conduzcan a la paz: “no tenemos ya interlocución con la delegación de La Habana y tampoco en los territorios; es cada vez más lejana la interlocución con el COCE (Comando Central del ELN) cada vez más difícil identificar los interlocutores, desde Antonio García hasta Pablo Beltrán, pasando por todos los distintos actores y jefes militares del ELN”.

Aclaración de la Nunciatura

Ante ello, ha circulado en las redes sociales un comunicado de la Nunciatura Apostólica de Colombia en el que se aclara a la opinión pública que las declaraciones atribuidas a Monsalve, “relacionadas con una presunta ‘venganza genocida’ del Gobierno del presidente Iván Duque contra los procesos de paz que adelantó el anterior Gobierno (…), dicha calificación no corresponde a la visión que la Santa Sede tiene de la compleja situación en que versan, en este momento, tanto la aplicación integral de los Acuerdos de Paz del 2016, como el estado de los contactos y conversaciones que a diversos niveles se mantienen con el ELN, en el ámbito de la Comunidad Internacional”.

Asimismo, la Nunciatura destaca que “el término ‘genocidio’ tiene en el Derecho Internacional un significado preciso que no permite sea usado a la ligera en los legítimos debates o discusiones públicas sobre las políticas concretas de un determinado Gobierno”.

El episcopado colombiano se desmarca

Esta misma aclaración fue refrendada por la Conferencia Episcopal de Colombia en un comunicado de prensa en el que además señala que las afirmaciones de Monsalve “responden a una posición personal, que no refleja el punto de vista oficial del episcopado colombiano“.

La Iglesia católica asegura que seguirá trabajando “con todos los medios que tiene a su alcance, para construir la reconciliación y la paz, y para defender la vida y la dignidad de toda persona humana”. En este sentido, “lamenta que múltiples causas, con distinto origen y diversos intereses, sigan obstaculizando los procesos de paz y multiplicando los atentados contra la vida humana”.

Respaldo de las organizaciones étnico-territoriales

Por su parte, la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) ha salido en defensa de Monsalve, a quien consideran “artesano de paz”, con una carta de respaldo a las declaraciones del arzobispo, “pues reflejan el sentir y el pensar de nuestras comunidades de la región del Pacífico y de otros lugares de Colombia“.

La CIVP articula a más de 30 organizaciones étnico-territoriales de pueblos indígenas y afrocolombianos “que padecen la agudización del conflicto armado (y) están sometidas a un genocidio, como la soportan las dolorosas cifras: desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados más de 460 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, asimismo, 216 excombatientes y firmantes del Acuerdo de Paz. Es notorio el exterminio físico a los pueblos indígenas, reflejado en el asesinato de 167 líderes indígenas durante el gobierno del presidente Duque”.

Al citar las palabras del papa Francisco a los obispos durante su visita al país, en 2017, cuando dijo que “Colombia tiene necesidad de vuestra mirada propia de obispos, para sostenerla en el coraje del primer paso hacia la paz definitiva, la reconciliación, hacia la abdicación de la violencia como método, la superación de las desigualdades que son la raíz de tantos sufrimientos, la renuncia al camino fácil pero sin salida de la corrupción, la paciente y perseverante consolidación de la ‘res pública’ que requiere la superación de la miseria y de la desigualdad”, la CIVP defiende que “monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía ha sido coherente y fiel a esta exhortación del Papa, en favor de los pueblos afrodescendientes, indígenas, campesinos y víctimas del conflicto armado“.

Hasta este viernes 10 de julio la carta de la CIVP había recibido el respaldo de más de 500 organizaciones étnicas, sociales, comunitarias y eclesiales de todo el país, además de 35 organizaciones internacionales y unas 250 adhesiones personales.