Fomentar buenas prácticas en trasparencia y rendición de cuentas es algo que se ha ido implementando en los últimos años en todos los sectores. Así, desde los gobiernos hasta las empresas y organizaciones sin ánimo de lucro han ido creando mecanismos para mostrar a la ciudadanía en qué se invierte su capital, sobre todo cuando este corresponde a donaciones. Ante este nuevo contexto, la Iglesia no podía quedarse atrás.
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Ejemplo de ello es la publicación, por parte de la Oficina de Transparencia de la Diócesis de Cartagena, de una ‘Guía orientativa para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo’. Con este documento, dirigido al propio Obispado, las parroquias y las entidades menores de la Diócesis, se pretende evitar situaciones en las que puedan ser utilizados como medio para blanquear dinero a través de donaciones, así como financiar actividades delictivas.
“El organismo se constituyó el pasado mes de diciembre como respuesta a la necesidad de ofrecer esta información a la feligresía y a la ciudadanía en general”, explica Carlos Delgado, director de la Oficina de Transparencia. “Con este afán hemos empezado a elaborar una serie de manuales y protocolos de actuación, siendo este el primero que publicamos”, apunta.
Evitar fraudes
Y es que, con los cambios legislativos de los últimos años –la Ley de Transparencia es de 2013–, lo principal que ha cambiado es el foco de atención. “Si antes había que hacer frente a los actos delictivos, ahora tenemos que poner todos los medios que tengamos para evitar estos fraudes”, señala Delgado.
Si bien, como asevera el director de la Oficina, antes de que esta se constituyera la Diócesis ya ofrecía este tipo de información en sus memorias anuales, en las que se incluye, por ejemplo, a dónde va a parar la recaudación del Día de la Iglesia Diocesana, o las declaraciones a Hacienda para que los fieles pudiesen desgravar sus donativos, lo cierto es que este es un modo de organizar y establecer protocolos comunes. “Por ejemplo, el documento va orientado también a cómo deben proceder hermandades y asociaciones”, afirma.
“Con todo esto, realmente, lo que se está intentando es traer al ámbito religioso las buenas prácticas que se están realizando en otros sectores”, subraya. Por ello, esta guía servirá para determinar cómo han de gestionarse las donaciones, suscripciones, las ventas de inmuebles y las herencias o legados.
Nuevos procedimientos
“El nuevo protocolo establece limitaciones a los requisitos de las donaciones que se pueden obtener y ajusta las cuantías, por ejemplo”, señala Delgado. Concretamente, el documento implanta medidas como no aceptar donaciones de más de 1.000 euros en efectivo o realizar “una pequeña investigación a través de los medios a nuestro alcance de todas aquellas personas que realicen donaciones superiores a los 15.000 euros”. En caso de que sea una parroquia quien obtenga una donación así, deberá notificárselo al Obispado.
Con estas investigaciones, lo que se pretende es verificar que el donante no tiene ninguna causa abierta de blanqueo de capitales, corrupción, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva. Además, se debe dejar constancia de dicha investigación. Este mismo procedimiento será el que se deba seguir en caso de herencias y venta de inmuebles propiedad de la Diócesis.
De esta manera, la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Diócesis recopilará, cada año, la información de las distintas instituciones diocesanas para elaborar una memoria anual. Y, además de estos protocolos, tiene previsto publicar otros documentos, como los estatutos de la misma, donde se pormenoricen sus normas. “Asimismo, queremos profundizar más en la justificación de las cuentas, así como dar formación sobre cómo se deben hacer de forma correcta estos procedimientos”, añade el director.
“Por otra parte, hay que complementar todo esto con las buenas prácticas, como poner en funcionamiento un programa de cumplimiento normativo, en el que se regule un mapa de posibles delitos que se puedan cometer dentro de la Diócesis y cómo actuar ante los mismos”, explica. Además, Delgado considera que es necesario formar a todas las partes en este sentido, “sobre todo a los ciudadanos, para que sepan que tienen derecho a tener esta información”.
