En una carta pastoral enviada a la Agencia Fides, el obispo de Caloocan y presidente interino de la Conferencia Episcopal de Filipinas, Pablo Virgilio David, ha criticado la entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista promovida por el gobierno de Duterte a pesar de la gran oposición que esta iniciativa registra en todo el país.
- LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
“En medio de este panorama político desolado, encontramos consuelo en los grupos de abogados y ciudadanos comunes que han presentado peticiones ante la Corte Suprema, cuestionando la constitucionalidad de la nueva ley firmada”, dice el prelado. “¿El más alto nivel de nuestro poder judicial afirmará su independencia, o también cederán a la presión política?”, añade
Y es que, la nueva ley, que entró en vigor el pasado 18 de julio, confiere poderes especiales al ejecutivo en la lucha contra el terrorismo. Algo que, para los defensores de los derechos civiles, puede ser la baza que necesita el Gobierno para combatir la disidencia y la libertad de conciencia.
La libertad de expresión, en peligro
Para el obispo, se trata de un “modelo de intimidación” que crea un “clima perjudicial para la libertad de expresión”. Así, en su carta señala los problemas del sistema democrático, como el etiquetar a activistas como “comunistas”, las falsas acusaciones de “sedición” contra el clero o los asesinatos relacionados con la “guerra contra las drogas”.
En la Carta, los obispos subrayan su confianza en aquellos que, dentro y fuera de la administración pública, “actúan solo como lo requiere la conciencia y no se dejan intimidar por presiones políticas en el cumplimiento de sus deberes constitucionales”. “Son un elemento importante para fortalecer nuestras instituciones gubernamentales y son una clave esencial para un sistema democrático estable y funcional”, aseveran los prelados.
