La Conferencia Episcopal Tarraconense, a través de un comunicado, ha defendido este jueves sobre las inmatriculaciones que “siempre se ha seguido el proceso legal vigente sin buscar privilegios”. Las diez diócesis catalanas, aseveran, “no han actuado en ningún momento de manera arbitraria y han documentado todo lo que les constaba como propio”.
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Es la respuesta a un informe hecho público por la Conselleria de Justicia de la Generalitat que defiende que la Iglesia habría inscrito 3.722 inmuebles a su nombre en Cataluña, sin ningún título que acredite su propiedad. Según los datos del Govern, se trataría de fincas rústicas (41 %) o construcciones dedicadas al culto en su mayoría (50 %), como templos, ermitas, cementerios, capillas, conjuntos eclesiásticos y santuarios. El resto de inscripciones son de edificios (9 %) como rectorías, garajes o palacios.
Frente a esto, los obispos catalanes recuerdan que “después de que entre 1861 y 1998 no se pudieran inscribir templos destinados al culto católico, porque se consideraba de pública notoriedad el dominio de la Iglesia sobre aquellos templos”, desde entonces hasta 2015 se pudieron registrar los bienes por certificación. Por ello, ratifican ante posibles errores, “las Diócesis con sede en Catalunya están abiertas al diálogo con los interesados y a resolverlo de forma amistosa” o ante los tribunales si es preciso.
La legalidad vigente
Por su parte, el arzobispo de Urgell, Joan Enric Vives, ha salido al paso de las críticas del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Justicia, Ester Capella, que aseguran que la Iglesia ha inscrito 3.722 fincas a su nombre sin ningún título que acredite su propiedad
El prelado, a través de un vídeo, sostiene que la Iglesia “no se ha apropiado indebidamente de ninguna propiedad” y afirma tajantemente que las inmatriculaciones que se han hecho en Cataluña se han realizado siempre legalmente. El también copríncipe de Andorra está dispuesto a que se publique un mapa con las propiedades inmatriculadas, siendo su diócesis es una de las que más presenta, según informa Europa Press.
Para Vives, en esta cuestión la Iglesia ha actuado “siempre legalmente, siempre según la legalidad vigente. Nunca se ha vulnerado la ley, de ninguna manera”. Por ello, critica como “muy injusto” el trato recibido por la Iglesia en la cuestión cuando la institución ha velado siempre por el patrimonio.
Esto se produce en el contexto de que la Generalitat ha creado la Oficina de Mediación sobre Inmatriculaciones, un servicio del Centre de Mediació de Catalunya que está dirigido a la Iglesia y a las personas particulares que puedan tener algún litigio de propiedad. Vives por su parte ha destacado la buena relación entre las diócesis y la administración local.
