A dos años del acuerdo de la Asamblea Plenaria de los obispos chilenos, esta semana se difundieron las orientaciones que ayuden a fomentar ambientes sanos, relaciones de buen trato y respeto a la dignidad de todas las personas en la iglesia, encargado en esa ocasión.
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En mayo del 2018, el papa Francisco llamó a todos los obispos chilenos a Roma donde les leyó un largo y duro documento en el que les hizo ver los cambios vividos por la iglesia en Chile, que la llevaron a que ella “se ensimismó de tal forma que las consecuencias de todo este proceso tuvieron un precio muy elevado: su pecado se volvió el centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este ‘cambio de centro eclesial’”, dijo el Papa a todos los obispos.
Integridad en el servicio
En agosto de 2018, tres meses después de ese encuentro, en una asamblea plenaria extraordinaria los obispos acordaron encargar al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, la redacción del documento que ahora se publica, en 76 páginas, con el nombre de “Integridad en el servicio eclesial”.
“El concepto ‘integridad’ presente en el título y articulación de este documento apunta a la forma en que cada persona busca ser coherente con la condición de ser discípulo del Señor”, explica su introducción.
Por su parte, Santiago Silva Retamales, presidente de los obispos, destacó “el proceso de amplia participación eclesial que suscitó su elaboración y que es reflejo de la relevancia que cobra en nuestra misión evangelizadora”. Unos 600 consagrados, 62 integrantes de consejos diocesanos de Prevención y 950 laicos de todo el país fueron consultados o participaron en su redacción.
El documento divide sus contenidos en orientaciones comunes y particulares. Son “orientaciones comunes – y aplicables por tanto a todo bautizado – aquellas que emanan de los principios irrenunciables que orientan la vida de la Iglesia (universal y en Chile) en materia de prevención de abusos e instalación de ambientes sanos y seguros, que constituyen los cuatro elementos articuladores de las Líneas Guía “Cuidado y Esperanza”: la protección a los menores de edad, la integridad en el ministerio sacerdotal, el compromiso con la transparencia y responsabilidad y la colaboración con la sociedad y las autoridades.
Para quienes tienen encargo pastoral
“Son orientaciones particulares aquellas establecidas a partir de este documento y que enmarcan – y son aplicables – al ejercicio del servicio pastoral de los ministros ordenados, de los miembros de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, o bien de los laicos y laicas que colaboran a través de un encargo pastoral en la Iglesia”.
Para todo bautizado “que realice un encargo encomendado por una autoridad competente en la Iglesia, más allá de si esa actividad es o no remunerada” entrega orientaciones relativas al testimonio, al compromiso con la justicia y la equidad, al encuentro con otros (buen trato), a la promoción de ambientes sanos y respetuosos de la dignidad de toda persona y a la prevención de situaciones abusivas, a la calidad y organización del servicio pastoral y al cuidado de sí mismo(a).
En su conclusión, el documento aborda la transgresión a este protocolo: “Cuando se rompe la comunión -por conductas contrarias a sus orientaciones – de parte de las personas a las que Iglesia ha encomendado servicios específicos, se buscará restablecerla lo más oportuna y plenamente posible. Esta responsabilidad recae en toda la comunidad y, particularmente, en las autoridades eclesiásticas competentes”, afirma.
Agrega, para el caso de que la transgresión sea más seria, que “la autoridad de la Iglesia procurará que la(s) persona(s) afectada(s) sea(n) escuchada(s), acogida(s) con delicadeza y, tratadas con auténtica compasión”. Y precisa que “la autoridad de la Iglesia actuará con prontitud, buscando la debida asesoría en los miembros de los consejos de prevención de las diócesis o institutos religiosos o, si se estima conveniente, en los organismos especializados de la Conferencia Episcopal, a fin de colaborar con el restablecimiento de la comunión bajo los principios de la justicia y la equidad”.
Llevarlo a la práctica
Pilar Ramírez, directora del Departamento de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile, coordinó el proceso de elaboración de este documento hasta su aprobación por la asamblea plenaria en abril pasado. “Fue un camino bien desafiante en términos de la forma de construir y redactar este documento”, confiesa Pilar. Como este texto fue aprobado ‘ad experimentum’ por 3 años, “necesitamos que sea leído, conocido, reflexionado, cuestionado incluso y contrastado con las propias conductas de cada uno, de forma individual, y también en las comunidades, enfatiza Pilar. Estamos terminando el diseño de una metodología para que este texto pueda servir como una base para el empeño constante en la construcción de una cultura del cuidado y la protección de niños y niñas”, anuncia.
La directora del Departamento de Prevención da especial importancia a la aplicación de estas orientaciones y la adecuación de las conductas de las personas a sus indicaciones. “Establecidos estos parámetros, dice Pilar, ¿qué tanto mis conductas, mi actuar, mi forma de relacionarme con los demás se ciñe a estas orientaciones? Si esa reflexión logra aparecer en una comunidad, en una persona, ya sea religiosa, en un consagrado o un sacerdote, esto ya es un aporte”.
El presidente del Consejo de Prevención de Abusos y obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, dijo que “en cada diócesis, cada obispo tiene que llevarlo a la práctica, o en cada institución religiosa, y son principios que consideramos se pueden llamar irrenunciables”.
