El Tribunal de Cuentas ha rectificado su proyecto de informe sobre la fiscalización de la Iglesia católica en el que, tal como informa ABC, se sembraba la duda sobre en qué invierte la Iglesia las donaciones que recibe a través de la X de la renta que cada año marcan millones de contribuyentes.
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El documento que ha sido aprobado de forma unánime por el Tribunal hoy, 28 de julio, muestra diferencias sustanciales con el borrador, filtrado a la prensa el pasado mes de febrero. De hecho, en él se afirmaba que “la Administración General del Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria” y que, al no disponer de esta información, no se podía “distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas”.
Sin embargo, el informe aprobado este martes sobre “las actuaciones desarrolladas por la administración general del Estado en materia de cooperación económica con las confesiones religiosas a través de los programas de ingresos y gastos contenidos en los presupuestos generales del Estado, ejercicio 2017” corrige el texto original señalando que la Iglesia justificó correctamente el importe total correspondiente a las cantidades recibidas.
Impulsar mecanismos de entendimiento
Asimismo, el Tribunal de Cuentas subraya ahora que “la memoria aporta información sobre el destino de los recursos por una cantidad superior a los 264,8 millones recibidos como asignación, en concreto 265 millones”. Del mismo modo, el texto matiza que el Estado realizó en 2017 unos pagos a cuenta inferiores a los que habrían correspondido por importe de 2,2 millones de euros, y que esta situación se regularizó en 2019 sin que la Iglesia lo hubiera reclamado.
Además, tal como asegura ABC, es posible que el Estado haya “dejado de abonar a la Iglesia más de 10 millones de euros” durante los 15 años que han transcurrido desde la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación de la Iglesia, ya que las inspecciones pueden realizarse en un periodo de hasta cuatro años. En relación a este asunto, el Tribunal de Cuentas apunta en el informe la necesidad de acordar el tratamiento de declaraciones extemporáneas, de tal manera que el Estado pague a la Iglesia lo que aún no se ha sido liquidado.
Por otra parte, el Tribunal señala que “sería conveniente” que el Gobierno tuviera en cuenta “la oportunidad de impulsar la aplicación del mecanismo para resolución de dudas o conflictos con el fin de regular de acuerdo con la Santa Sede diversas materias relacionadas con la memoria”, como puede ser el plazo y forma de presentación de las mismas o el nivel de detalle de la información que en ellas se proporciona.
Por último, y a diferencia del texto anterior, el Tribunal no hace referencia a que la asignación podría superar las necesidades de financiación de la Iglesia, dado que de esta se desprenden las ayudas a entidades sin ánimo de lucro. Del mismo modo, el informe tampoco señala que las cantidades que se destinan a 13TV sean “indebidas”.
