De la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero a la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez. Esta es la hoja de ruta del Gobierno de coalición de izquierdas anunciada este fin de semana por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en un homenaje en la localidad francesa de Ay-Champagne a Juan Romero, quien a sus 101 años es ya el último español superviviente del campo de concentración de Mauthausen.
En el acto, Calvo reivindicó que “la democracia española tiene una deuda pendiente con el exilio que se va a saldar en una futura ley de inminente presentación en el Congreso de los Diputados”. Un proyecto que pasa por la “resignificación del Valle de los Caídos” y, según recoge Europa Press, incluye otras medidas como la creación de fondos para reabrir fosas y un banco de ADN para las víctimas del franquismo. También se podría acometer la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y de otras entidades que ensalcen la dictadura.
Días atrás, como recogía El Independiente, el Consejo de Europa acogió la interpelación que le dirigió la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, donde esta pedía “medidas de protección” para la basílica y todo el complejo de Cuelgamuros, y la entidad europea anunció que solicitaría “información” al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.
En la misiva, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos alertaba de la presentación de una proposición de ley en el Senado por parte del grupo parlamentario Izquierda Confederal en la que se habla de la “posible demolición” de todo el complejo. Algo que el Ejecutivo no se plantea, sino que en todo momento, como acaba de ratificar Calvo, habla de “resignificación”.