La Comisión Diocesana de Justicia y Paz ha publicado hoy, 1 de septiembre, un documento titulado ‘Los derechos humanos que el Covid nos hizo olvidar: mayores y residencias’, recogido por el propio Arzobispado de Madrid. En él, el organismo integrado en la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Diócesis lamenta que en los momentos de mayor incidencia del coronavirus en la Comunidad de Madrid se realizara una clasificación de enfermos en función de la “utilidad social” de la persona, dejando fuera a los contagiados de edad avanzada y los usuarios de residencias de mayores.
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Por su parte, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha señalado que el texto “constituye un ejercicio de memoria agradecida hacia nuestros mayores que murieron en condiciones extremadamente duras y, sobre todo, en la línea de nuestro papa Francisco, nos invita a cuestionarnos la forma que tenemos de abordar la ancianidad, con frecuencia muy alejada del Evangelio y de la dignidad, el agradecimiento y el calor de familia que les debemos”.
Y es que, según destaca el informe, estos enfermos fueron desatendidos por las administraciones y el sistema de salud, tal como indicaba un documento del Ministerio de Sanidad con fecha del 5 de marzo, así como por el protocolo de la Comunidad de Madrid, en el que “se evidencia de forma explícita que en los momentos más difíciles hubo descarte”.
“Auténticos guetos”
Ante esto, la Comisión se pregunta cuáles fueron los criterios para elegir a los enfermos que se derivaba a los hospitales “en una situación de catástrofe”. Asimismo, subraya que las residencias “no sabían actuar ante una situación de emergencia como la que estaban viviendo porque nadie las había preparado para ello ni tenían los medios precisos”.
Del mismo modo, el texto apunta que, en esos momentos, los geriátricos se convirtieron en “auténticos guetos”, en los que muchos mayores fallecieron “médicamente desatendidos por criterio exclusivo de edad, inhumanamente alejados de sus seres queridos y privados en muchos casos del conforto de los auxilios espirituales”.
Por todo ello, Justicia y Paz reclama que la sociedad tome conciencia “de lo que significa la dignidad humana en todas las etapas de la vida y condiciones de salud o de enfermedad”, pero también de que se reconozcan los derechos de los mayores, para lo cual es “esencial darles voz, conocer cómo quieren que sean los últimos años de sus vidas”. De esta manera, la Comisión aboga por eliminar este modelo de sociedad utilitarista “en la que la persona solo vale si es rentable desde el punto de vista de la producción de ciertos bienes, mayoritariamente materiales”.
Por otra parte, el texto sugiere que se debería trabajar en un nuevo modelo de geriátricos en el que se “reconozca la situación de vulnerabilidad de los residentes, con una mayor atención sanitaria y formación de sus cuidadores, mejores instalaciones que impidan el hacinamiento y, para ello, es preciso que el Estado dé una mayor dotación presupuestaria a la Ley de Dependencia”. Asimismo, apunta que el Estado debería supervisar que la iniciativa privada no se convierta en “nicho de lucro” y se asegure la “calidad asistencial y el buen trato que merecen nuestros mayores”.
