Migrar es un derecho, amparado por la Constitución de Ecuador como por instrumentos internacionales de derechos humanos. Bajo esta premisa las organizaciones del capítulo nacional de la red Clamor: Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Misión Scalabriniana y Cáritas han instado a la Corte Constitucional de este país a reconsiderar las medidas migratorias con población venezolana en el actual contexto de pandemia.
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Para ello han presentado un amicus curiae que “busca mostrar un curso decisional, no comprometido con las partes que se citan en el presente proceso, abordando sustentos jurídicos a favor del derecho a migrar y la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1020, emitido el 23 de marzo de 2020”.
El decreto en cuestión prorroga solo por 60 días la estadía de venezolanos para el plazo de amnistía migratoria y del proceso de regularización por motivos humanitarios una vez acabada la emergencia, decisión que interpretada “a la luz de la emergencia sanitaria y el estado de excepción, contraviene de manera fehaciente varios derechos y garantías consagradas en el texto Constitucional”.
Políticas de regularización
Han pedido al Gobierno “generar políticas públicas de regularización, sobre todo con personas de nacionalidad venezolana, que actualmente son el mayor grupo humano en situación de movilidad en el país”.
Con ello se constituiría “un paso fundamental para el goce del derecho constitucional a migrar, que está íntimamente relacionado con el derecho de escoger residencia, permitiendo a las personas migrantes desarrollar y generar un proyecto de vida para quienes decidan establecerse en el Ecuador”.
El principal obstáculo para la regulación de venezolanos está en los requisitos que las autoridades solicitan como pasaporte, documentos de identidad apostillados, antecedentes penales, entre otros, que resultan costosos y difíciles ante el cierre de embajadas en estos tiempos de confinamiento.
Solicitud de audiencia pública
Los miembros de Clamor Ecuador advierten que esta situación de irregularidad pone en riesgo a familias venezolanas, pues todo esto “imposibilita que puedan insertarse económica y socialmente en el país y los margina en el acceso a sus derechos básicos”.
Los peticionarios instan a la Corte Constitucional emitir una decisión inmediata de suspensión de la aplicación y ejecución del plazo de todas las medidas violatorias del derecho a migrar y que “se continúe con el proceso de regularización”.
Además exigen “generar mecanismos de regulación expeditos y efectivos para la población migrante, así como la garantía y respeto irrestricto a sus derechos”, por tanto “solicitamos participar en la audiencia pública que eventualmente disponga su autoridad”.
Foto: EFE
