El pasado mes de febrero ya llegó al Congreso de los Diputados la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por los socialistas y que contó con el respaldo de 201 votos a favor y el rechazo de los diputados del Partido Popular y Vox, con 140 votos en contra y 2 abstenciones –Teruel Existe y el diputado Joan Capdevilla de ERC–. Este jueves, 10 de septiembre, comienza el debate de totalidad de iniciativas legislativas de esta propuesta. PP y Vox han registrado cada uno una enmienda a la totalidad
El texto de la proposición de ley está formado por 19 artículos en cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Una ley que comenzó su tramitación en febrero –después de haberse aparcado en 2018 por las elecciones generales– y que en pleno estado de alarma se cerró, en el mes de abril, el plazo de enmiendas. En este tiempo han cambiado las circunstancias, tras los problemas en las gestión de la pandemia del coronavirus en las residencias de ancianos –según las cifras oficiales, 19.824mayores han fallecido en asilos– y el colapso de las UCI en los hospitales.
El PSOE reconoce con este texto, abiertamente, el derecho a morir a aquellas personas que padezcan una enfermedad o discapacidad grave. Para ello, la eutanasia debe ser la única solución, no habiendo un tratamiento médico alternativo. Al comienzo de la tramitación, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, señaló que es “doloroso” el proyecto ya que va contra “la radical dignidad de la vida humana sin provocar la muerte de manera activa”.
En la Cámara, el PP propondrá abrir el debate de los cuidados paliativos y asegurar una asistencia sanitaria de calidad a quienes sufren enfermedades graves. Vox apela a la inconstitucionalidad de una ley que va contra el artículo 15 de la Carta Magna que protege y defiende el derecho a la vida y a la integridad física y moral. El partido de Santiago Abascal aportará por desarrollar el derechos a unos cuidados paliativos de calidad.