Cuando la situación en Venezuela se torna más compleja en medio de un escenario de emergencia sanitaria y un proceso electoral que ha polarizado al sector opositor, Susana Raffalli, médico nutricionista y asesora de Cáritas en su programa de alimentación Samán, ha advertido que unos 9 millones de venezolanos podrían quedarse “sin poder comer” en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Esto con base a datos de la propia La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA) mejor conocida como la FAO por sus siglas en inglés.
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La médico reveló a Vida Nueva que de acuerdo con una encuesta del Programa Mundial de Alimentos el 32% de población venezolana está en inseguridad alimentaria moderada, por tanto “es necesario que se pida ayuda humanitaria ya con urgencia”, puesto que actualmente la que están recibiendo de algunos organismos internacionales permisados por el régimen socialista es insuficiente.
De hecho ha mencionado que la encuesta Patria, manejada por el propio Estado, “reveló que el 88% de la población tiene dificultades para el acceso de alimentos. Hay un 61% que dijo tener dificultades para el acceso de agua potable, un 41% a gas doméstico”, por tanto “sería impensable creer que unas personas que no tienen inventario de alimentos, agua, combustible para movilizarse puedan mantenerse confinados”.
Cifras inciertas de Covid-19
En cuanto a las cifras que las autoridades sanitarias, en vocería de altos funcionarios de la dictadura chavista, son difíciles de determinar, porque “la información es incierta sobre la carga en sanitaria que está representando la enfermedad por Covid-19”.
“Hasta ahora lo que sabemos es lo que se reporta oficialmente por televisión cada día y estamos todos al tanto de lo que se está reportando son los casos que dan confirmados positivos con la prueba de determinación molecular, la llamada prueba rápida, que no arroja resultados del todo confiables”, acotó.
Si bien admite el Estado ha realizado grandes esfuerzos por contener la propagación, pero hacerlo sin el concierto de la sociedad civil ni a las agencias de cooperación internacional, eso resulta “muy desacertado” sobre todo al manejarla como una emergencia sanitaria y no como una emergencia humanitaria, pues en este último caso requiere de la participación de todos los sectores.
Al borde del colapso
La especialista teme que en los próximos meses la situación se complique habida cuenta de la paupérrima situación de los hospitales que no cuentan con la suficiente dotación ni cuentan con servicios públicos esenciales como agua, electricidad, ni insumos.
Son muchos las amenazas que se ciernen sobre el país petrolero: desabastecimiento de alimentos, crisis masiva del combustible y colapso de servicios públicos. Todos estos factores son consecuencia de las sanciones económicas de EEUU, pero también y en mayor medida a la histórica corrupción desatada en todos los niveles de organismos públicos desde la era del fallecido Hugo Chávez, cuyos casos son emblemáticos.
Pese a la ayuda humanitaria recibida desde hace un año por mecanismos de Naciones Unidas , de la Cruz Roja Internacional y de cooperación bilateral con Rusia y China, “se necesita aumentar esa escala”, pues “de los primeros 200 millones que se pidieron en el plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas solo se recibió el 34% de esa cantidad”.
Además de llevar esta escala inicial a 10 veces su proporción es urgente concretar las negociaciones para que se permita el ingreso del Programa Mundial de Alimentos, que “ha sido la única agencia humanitaria que no ha podido entrar al país” y “las necesidades alimentarias del país son abrumadoras”.
Los grupos de riesgo
En medio de los picos pandémicos, para Raffalli hay tres grandes grupos vulnerables. Los trabajadores con salario mínimo, que tienen un sueldo mensual de menos de 2 dólares, “este salario solo alcanza para comprar un cartón de huevos”. Los adultos mayores son otra de las poblaciones más vulnerables, con una pensión de un dólar no ganan ni para comer ni mucho menos para comprar medicinas.
Otro de los colectivos –menciona Raffalli– es el de los privados de libertad, pues to que “conocemos el hacinamiento que hay en las cárceles y en los centros de atención preventiva que no están diseñados para albergar gente” además con muy pocas medidas de bioseguridad.
Finalmente el personal de salud que no cuenta con insumos suficientes, más de las veces deben costear sus propios equipos de bioseguridad, “es un gremio profesional en un momento muy crítico que no está recibiendo los implementos necesarios para atender esta situación”, agregó.
