La Audiencia Nacional condenaba en la mañana de hoy, 11 de septiembre, al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocencio Montano, a 133 años, cuatro meses y cinco días de prisión como responsable de los asesinatos de los cinco jesuitas españoles en 1989, entre los cuales estaba Ignacio Ellacuría.
- LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Ante esta condena, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde fueron asesinados los religiosos, ha emitido un comunicado en el que expresa su agradecimiento a la justicia española ante el tratamiento del caso. Pero, también, su reclamo a que El Salvador tome parte y lleve a cabo un juicio relativo a la autoría intelectual de la masacre de los jesuitas y sus dos trabajadoras.
“Este juicio, cuya vista pública pudo ser seguida desde cualquier parte del mundo, dejó muy clara la seriedad con que la justicia española asumió el caso y las plenas garantías procesales con las que contó el acusado”, afirma la UCA. “Aunque la condena del coronel Montano es muy importante para el avance de la justicia en el caso, consideramos que es más importante el proceso realizado en España por el extraordinario servicio a la verdad”, ya que, por medio de las pruebas y los testimonios presentados “ha quedado patente el sistema de encubrimiento e impunidad que ha manejado la Fuerza Armada, y en cierto modo el Estado salvadoreño, frente a las gravísimas vulneraciones de los Derechos Humanos cometidas durante la guerra civil en El Salvador”.
“Lo peor de la condición humana”
Asimismo, la institución subraya que este juicio “ha evidenciado con claridad que la Fuerza Armada” funcionó “desde el poder como una maquinaria criminal y encubridora de graves atentados contra la ciudadanía salvadoreña y el estado de derecho, valiéndose de un poder de facto que sobrepasa las funciones y derechos que le otorga la constitución salvadoreña a la institución armada”. Por ello, solicitan que la Fuerza Armada, a nivel institucional, “pida perdón por las graves violaciones de derechos humanos del pasado” y coopere “abriendo sus archivos”. Ya que, si no lo hace, “difícilmente podrá ser considerada una institución democrática y respetuosa de los derechos humanos”.
“Tenemos la confianza que la resolución de este juicio en España ayudará tanto a la conciencia nacional como al sistema judicial salvadoreño a dar pasos reales en favor de la verdad y la justicia”, añade la UCA. Del mismo modo, la universidad aclara que, “las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría”, ya que “expresan la triste realidad de un pasado y lo peor de la condición humana”, son un modo de reconocer de forma “formal, legal y democrática” la verdad, además de “estímulo y garantía de no repetición de estos actos inhumanos”.