Regresa a Madrid después de 28 años. Se fue como un filósofo recién licenciado en Comillas. Y vuelve como nuevo secretario general de Escuelas Católicas, después de ser provincial de Andalucía de los trinitarios. Solo esta nueva responsabilidad le ha separado de las aulas, donde ha dado clase de Religión en Córdoba hasta junio: “Estoy más acostumbrado a estar de tú a tú con quienes están en el mundo educativo”.
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Apenas lleva una semana al frente de la plataforma que aglutina e integra a 1.976 centros educativos católicos, la mayoría con algún nivel concertado. En ellos se educan 1.216.907 alumnos y hay 102.948 trabajadores, de los que 83.682 son docentes. Va y viene de su comunidad en autobús y le alivia saber que asume una responsabilidad temporal. “Me tranquiliza saber, sobre todo, la calidad profesional y humana del equipo que trabaja en Escuelas Católicas. De lo contrario, no hubiera aceptado”, reconoce a Vida Nueva.
Y todo, en una coyuntura en la que el capital de las congregaciones anda justo y ceder a un religioso implica un esfuerzo para toda la institución. “Siempre está el miedo a pensar que te pierden, pero desde la provincia lo hemos vivido como un servicio a la Iglesia y a la educación desde el espíritu trinitario, volcados en la enseñanza siempre desde lo social, sabiendo que desde ahí podemos aportar una visión particular”.
PREGUNTA.- ¿Qué nota les pondría a la clase política ante esta vuelta al cole improvisada en medio de una pandemia? ¿Les mandaría directamente a septiembre del año que viene?
RESPUESTA.- La nota es lo de menos. De algún modo, se han contagiado de ese espíritu de los estudiantes de dejarlo todo para septiembre. No conozco los entresijos reales del ministerio de la política como para saber si las cosas se hacen pronto o tarde, pero sí consideramos que, al menos la información, ha llegado tarde. Dada la alarma que crea en la sociedad esta situación, seguramente se podría haber gestionado de otro modo. Así, se ha generado una sensación de incertidumbre y abandono en muchas personas. Nosotros estamos tranquilos en la medida en que en nuestros centros se viene trabajando desde antes de que acabara el pasado curso y los colegios están preparados para esta coyuntura. A sus propios protocolos se han incorporado los protocolos de la administración.
P.- Esta intranquilidad ha llevado a muchas familias a arrancar el curso con las espadas en alto. ¿Teme que los maestros paguen el pato de la desidia política?
R.- Desde hace muchos años, los maestros son los que pagan casi todos los patos. Son el reflejo de las iras de las familias. Independientemente de que puedan ser el blanco de muchas reclamaciones, porque están en primera línea, una amplia mayoría de los padres entienden que el maestro siempre ha estado ahí para su misión, que no es solo la de educar, sino también la de acompañar. Así lo hemos visto durante el confinamiento, donde han estado más que a la altura. En Escuelas Católicas hemos hecho una encuesta, en la que han participado el 46% de los centros –unos 900–, en la que hemos constatado que el profesorado ha estado muy cerca de las familias y les ha unido con el colegio creando unas sinergias con las que veníamos soñando desde hace tiempo. Confío en que estas relaciones se mantengan en esta nueva etapa y, sobre todo, que se valore cómo el profesor es la pieza clave en todo este engranaje.
Profesionales
P.- ¿Confía en que la administración dote de todos los medios para este curso pandémico, desde los profesores necesarios para los desdobles hasta los recursos para la reforma de las aulas, material sanitario…? ¿Se desentenderán de la escuela concertada?
R.- Lo que se nos ha dicho es que se va a dotar de los recursos necesarios, tanto en personal como en lo financiero para afrontar los gastos extra. El problema que más nos preocupa es que nos hemos visto afrontando 17 vueltas al cole con 17 protocolos, con criterios distintos, por ejemplo, en la contratación de profesorado. Es ahí donde seguimos reclamando un consenso y un trabajo conjunto entre el Ministerio y las Consejerías, porque se puede acabar creando unas diferencias entre autonomías que pueden ser injustas.
P.- ¿No le da la sensación de que quienes toman decisiones no han pisado nunca un aula?
R.- La sensación de incomprensión en el maestro siempre está ahí cuando escucha ciertas declaraciones de altos cargos, porque quien está realmente con los alumnos es él. En Escuelas Católicas contamos con más de 83.000 docentes que pueden sentirse indignados o necesitados de más acompañamiento, pero no les va a afectar lo más mínimo a su trabajo con los niños y jóvenes. Son profesionales que se están volcando hoy por hoy en una preparación del curso segura en favor de los más pequeños.
Sin privilegios
P.- La falta de consenso político es una realidad. ¿Cómo va a ejercer la defensa de la escuela concertada? ¿Con una mirada propositiva o más combativo que nunca?
R.- Mantenemos nuestras reclamaciones, argumentos y peticiones. Desde que se comenzó a tramitar la nueva ley educativa, estamos intentando dejar más clara nuestra postura y nuestra opinión sobre el error que consideramos que supone tramitar una normativa en las circunstancias en las que estamos, entre un estado de alarma y una situación de pandemia. No es el momento adecuado para ello, pero vamos a reivindicarlo desde el consenso y el diálogo, que es nuestro estilo. Eso no va a rebajar nuestro tono ni nuestra voluntad de encontrarnos.
P.- ¿Eliminar el criterio de demanda social es una vía para ir ahogando poco a poco o mucho a mucho a la escuela católica?
R.- Es una manera de ahogar a la escuela, pero, sobre todo, es un modo de quitar un derecho constitucional de los padres. La Carta Magna en el artículo 27.3 da a los padres el derecho de elección. Eliminar la demanda social atenta contra un derecho de los padres. Si combatimos contra eso, lo hacemos para defender a quienes también se está privando ese derecho: a los alumnos.
Capacidad de elección
P.- De la misma manera, cuando se busca atemorizar a la Iglesia, se echa mano de la legalidad de la cuota voluntaria de los colegios para cubrir las exiguas subvenciones públicas… ¿Se puede resolver esta sospecha de que la escuela católica se enriquece a costa de los padres?
R.- Si entramos a valorar cifras, estamos recibiendo la mitad de la financiación que reciben los centros públicos. Además, nuestros docentes cobran menos salario y, sin embargo, su labor es cuestionada. Pero no vamos a entrar en el modo en que las diferentes administraciones usan la educación para sus propios intereses. Nuestra postura no es para defender unos privilegios, porque no nos consideramos privilegiados. Reclamamos que la educación no sea un argumento para ganar tiempo ni para ocultar otras cuestiones. De la misma manera, reivindicamos que la educación sea una apuesta de futuro del Estado, independientemente del Gobierno que esté. Las últimas leyes se han propuesto como medios para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, asistimos casi atónitos, porque no nos lo podemos explicar, cómo esa modernización educativa no llega. ¿El motivo? Son leyes que se aprueban sin consenso, diálogo ni debate.
P.- Porque, hoy por hoy, un colegio católico no es un negocio que de dinero. No son pocas las congregaciones que están alquilando o vendiendo patrimonio para poder seguir adelante con su misión evangelizadora a través de la educación…
R.- Cualquiera que conozca la historia de esos colegios y de las instituciones que están detrás, sabe que su razón de ser pasa por colaborar con la sociedad, no para lucrarse o enriquecerse. Es más, las instituciones están saliendo al paso de las dificultades económicas de algunos centros, especialmente de aquellos que se les olvida a los políticos cuando califican cómo son nuestros centros. Nos sentimos orgullosos de lo que somos, nuestro único objetivo estratégico es evangelizador, no hay ningún interés económico. Todo lo que se quiera vender fuera de ahí acaba convirtiéndose en humo y los propios padres tienen claro el motivo por el que eligen nuestro proyecto educativo. En la defensa de esa capacidad de elección vamos a seguir estando.
