Cáritas Española, a través de la Fundación FOESSA, y el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas han presentado a los medios, este martes 15 de septiembre, el estudio ‘Un arraigo sobre el alambre’, dedicado a analizar la integración social a lo largo de la última década (2009-2019) de los casi ocho millones de ciudadanos de origen inmigrante que viven en España.
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En el encuentro con los medios, que ha sido virtual, Juan Iglesias, investigador del Instituto de Migraciones de Comillas, ha dibujado un perfil del colectivo migrante: la mayoría son mujeres (el 52%), jóvenes (la media es de 36 años, frente a la de los nacionales, que está en los 44) y tienen un nivel formativo similar al del conjunto de la sociedad española, siendo un 23% universitarios.
Un pilar social
Otra tendencia significativa es su “marcado arraigo”, siendo su tiempo de estancia elevado. Hasta el punto de que más del 50% lleva al menos 15 años en nuestro país. Además, en un amplio porcentaje “son familias nucleares, asentadas, con parejas e hijos”. Lo que demuestra este dato: “El 27% de los nacidos en España son hijos de padres extranjeros”. Y, entre los propios ciudadanos de origen inmigrantes, “uno de cada tres son nacionales, españoles”.
En esta línea, la mayoría tiene “un amplio dominio del idioma castellano” y lleva a cabo “proyectos vitales enfocados al arraigo”, siendo mixtas el 23% de las parejas y moviéndose en entornos y redes sociales nativas al menos un 63%.
Precariedad económica
Que la población migrante es un motor económico del país y que su evolución va ligada de un modo estructural a la propia situación de este lo demuestra que, entre 2009 y 2014 apenas creció su llegada (en los peores años de la crisis económica), mientras que aumentó considerablemente desde 2014, topándose con el actual parón económico; algo que se ha agravado con la incidencia del coronavirus.
De ahí el lamento de Iglesias, quien ha observado que estamos ante un grupo social que, pese a aportar considerablemente al estado del bienestar y a a hacer un menor uso de los servicios esenciales, como los sanitarios, debido a su mayor juventud en una sociedad envejecida, padece “una integración socioeconómica precaria”. Una realidad que “no se corresponde con su arraigo” y que, sin embargo, se traduce en “una fuerte segregación, ocupando en buena parte la parte más baja de la sociedad”.
Por debajo de la media nacional
De hecho, y pese a su buena formación, la gran mayoría trabaja “en ocupaciones elementales”, estando “solo 25% en cualificaciones medias o elevadas”. Además, “apenas el 27% tiene un empleo indefinido y a tiempo completo”. Unos “salarios bajos e irregulares” y “muy por debajo del salario mínimo interprofesional y de la media nacional”.
Por todo ello, el representante de Comillas ha retratado ciertos prejuicios y discursos políticos que fomentan la fobia contra el que viene de fuera. Aunque, por ahora, el estudio refleja cómo “las relaciones son buenas y el sentimiento antiinmigrante no ha crecido pese a la crisis”, sí se advierte del “riesgo de que el miedo que está creciendo en distintos sectores más humildes por la maña situación” se utilice desde determinados ámbitos ideológicos y provoque que “crezca la hostilidad” contra los migrantes.
Un nuevo relato
De ahí que Iglesias haya recalcado que “hablar de inmigración es hablar de nosotros mismos como sociedad. No son políticas sectoriales o humanitarias, sino para todos, estructurales”. Por lo que urge impulsar “un nuevo relato que reconozca la importancia de este colectivo que forma parte de nosotros mismos”, unido a unas verdaderas “políticas de cohesión social y de gestión de la diversidad que ayuden a construir la convivencia”.
Por su parte, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ha dirigido la mirada a la situación global y ha recordado que “272 millones de personas viven en otro país distinto de aquel en el que nacieron, por lo que estamos ante el 3,5% población mundial”. En este “contexto de incertidumbre”, ha reclamado como “necesarias” ciertas “anclas y brújulas”, estando entre estas la noción de que hay “un derecho a migrar”. Por lo mismo, “también los estados lo tienen en el sentido de proteger sus fronteras y regular los flujos humanos”, pero sin caer nunca en la deshumanización, pues “toda persona es un fin en sí misma y tiene una dignidad radical”.
Un compromiso indisoluble
En el caso de España, Peiro ha sido clara al advertir que “no imaginamos una sociedad sin los millones de migrantes que viven con nosotros”. Un compromiso que se vive plenamente en Cáritas, que, en su memoria anual, presentada en junio, comunicó que “acompañamos a 750.000 migrantes y refugiados”.
“Compromiso –ha remachado– firme y sostenido en el tiempo, en España y en todo el mundo”. Porque, como siempre enfatizan en Cáritas, ese acompañamiento ha de ser integral y constante en todo en el proceso migratorio, desde el origen al destino, pasando por el tránsito. “Estas personas no pierden sus derechos en el camino”, ha reivindicado Peiro.
Debate sereno
La secretaria general de la entidad eclesial ha concluido su turno denunciando que el de los solicitantes de asilo es a menudo un “proceso largo y duro”, quedando demasiados en “situación irregular”. Algo que afecta al día a día de “millones de personas que viven con nosotros, que son vecinos esenciales. Cuidan y limpian a nuestros mayores, recogen la fruta del campo, nos traen a casa lo que compramos por Internet… Y todo a la sombra de muy pocos derechos laborales”. Por eso ha llamado a las autoridades a acometer ya un “debate sereno”, el de la “regularización” de estas personas.
Por su parte, Daniel Rodríguez de Blas, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas, ha destacado que “los inmigrantes han aguantado la crisis de 2008 y ahora esta, y no se van. Tienen aquí sus planes de futuro, su arraigo… Están y quieren estar, son parte del nosotros”. De ahí que sea lamentable “la segregación que padecen a nivel de renta, con unos ingresos muy por debajo de la media nacional. Padecen más del doble de tasa de exclusión que los nacidos aquí. Solo un 4% obtienen protección social pese a ser el 12% de la población. Hay trabas administrativas que les impiden acceder a sistemas de protección, pese a que contribuyen mucho a él”.
Claves para el equilibrio
Para Rodríguez, es evidente que “estamos ante un grupo activo, que utiliza menos los servicios sanitarios porque son jóvenes… Y todo en una sociedad envejecida. Son claves para el equilibrio social. No viven de espaldas a la sociedad, sino que sostienen relaciones buenas y cordiales”.
De ahí ese contraste entre que tengan “buenos niveles de arraigo y malos de integración económica. ¿Cuánto tienen que trabajar o parecerse a nosotros para ser ciudadanos de pleno derecho? ¿Sus hijos, ya nacidos aquí, seguirán sufriendo un trato diferenciado por sus rasgos?”. Sin olvidar que “las mujeres son las que más lo sufren, padeciendo una doble discriminación”.
En conclusión, se hace absolutamente necesario contar ya con “políticas de integración inclusivas. Como ciudadanos y vecinos, las merecemos. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que la mejor forma de protegernos es proteger al otro”.
