El pasado mes de noviembre se cumplieron 30 años de la matanza que acabó con la vida de 6 jesuitas –encabezados por Ignacio Ellacuría– y dos trabajadoras en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Unos crímenes que el país cerró con un juicio sin las debidas garantías en el que de los nueve acusados solo dos serían condenados hasta que una Ley de Amnistía, declarada inconstitucional en 2016 por la Corte Suprema y por ello debe abrirse un nuevo juicio, los liberaría en 1993.
Ahora que en España, la Audiencia Nacional ha condenado al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública salvadoreño Inocente Montano por su implicación en los hechos, El Salvador está de nuevo en el punto de mira ya que tiene pendiente la reapertura de su proceso. El pasado lunes, 14 de septiembre, el juez Leonardo Ramírez Murcia, de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha confirmado que se está cerca de resolver un recurso de casación que busca anular la orden judicial de reabrir el proceso penal por la matanza.
Y es que el proceso ha sido largo. “El caso está, digamos, próximo a ser resuelto”, según el juez de la Sala de lo Penal, que describió como “una serie de incidentes” que trataban de recusar a los jueces responsables de llevar el proceso y que ha obligado a la Supremo a hacer una sustitución de una magistrada. “Eso ha llevado un poco de tiempo” y “están elaborándose los argumentos por cada uno de los magistrados que integran la Sala de lo Penal y espero que próximamente podamos estar juntando las posiciones”, añadió en declaraciones a La Prensa Gráfica.
Ramírez es de la opinión de “hacerlo lo más luego posible”, pero que “la Sala ha sido integrada recientemente” y el magistrado suplente debe conocer el fondo del caso, explicó. Por su parte, El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, pedirá a la Audiencia Nacional una copia certificada del fallo contra el excoronel Inocente Montano para “obtener más información” aportada por los testigos del juicio desarrollado en España.