En enero de 2019, el papa Francisco aprobaba el nuevo Estatuto de la Auditoría General del Vaticano, elevándolo a una autoridad anticorrupción. Desde entonces, la Santa Sede ha puesto en marcha diversas medidas para hacer más transparentes y sostenibles las sus finanzas. Un proceso que, hoy, 18 de septiembre, se ha visto enriquecido con la firma, por parte del prefecto de la Secretaría de Economía, Juan Antonio Guerrero, y Alessandro Cassinis, auditor general interino, de un memorando sobre la lucha contra la corrupción y el control del despilfarro económico.
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En un comunicado recogido por Vatican News, el Vaticano explica que las dos autoridades de la Santa Sede “colaborarán aún más estrechamente en la identificación de los riesgos de corrupción y para una efectiva implementación de las normas sobre transparencia, control y competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”.
Un acto de justicia
Sobre este documento, Cassinis ha señalado que se trata de un acto concreto “que demuestra la voluntad de la Santa Sede de prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción dentro y fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, y que ya ha dado lugar a importantes resultados en los últimos meses”. Por su parte, Guerrero destacó que “la lucha contra la corrupción, además de representar una obligación moral y un acto de justicia”, también permite “combatir el despilfarro en un momento tan difícil por las consecuencias económicas de la pandemia, que afecta al mundo entero, sobre todo a los más débiles”.
Esta nueva iniciativa se une a la del pasado mes de junio, por medio de la cual se aprobó un normativa única de contratos y licitaciones, así como una ley marco con normas válidas para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano sobre transparencia, control centralizado y competencia en los procedimientos de adjudicación, con el objetivo de permitir una mejor gestión de los recursos y reducir el riesgo de corrupción.
