La ley de Memoria Democrática ya está aquí. O al menos el anteproyecto con el que el Gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos quiere acelerar su tramitación y aprobación. Tanto es así que confían que entre en vigor en el primer semestre de 2021. Con esta agenda por delante, el pasado martes 15 de septiembre escenificó su puesta de largo tras la reunión del Consejo de Ministros, a la par que la pandemia de coronavirus afronta su segunda oleada de contagios en España.
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Un texto con 66 artículos que se agrupan en cinco títulos y que busca, tal y como se asegura en el documento, “el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978”. La nueva norma sustituirá a la Ley de Memoria Histórica impulsada en 2007 por José Luis Rodríguez Zapatero.
“Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura”, expone el borrador. Pero, ¿en que se traduce? Entre las principales medidas, pretende declarar “nulos de pleno derecho” los juicios del franquismo, crear un censo nacional de víctimas, dotar al Estado de recursos para exhumar restos de fosas comunes… Y la transformación del Valle de los Caídos, el conjunto monumental ubicado en la sierra madrileña de Guadarrama, construido entre 1940 y 1957, donde reposan los restos de, al menos, 30.000 fallecidos.
Resignificación
Cuando apenas ha transcurrido un año de la exhumación de Francisco Franco, que hasta entonces permanecía a los pies del altar de la basílica ubicada en Cuelgamuros, el Ejecutivo da un paso más para reconvertir este simbólico enclave coronado por una cruz de 262 metros de altura.
“En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica”, recoge la nueva normativa que contempla que “las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos” pasarán a tener “el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil”. De esta manera, la ley pretende que se reconozca “el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes” allí enterrados.
Para ello, tal y como anuncia el Ejecutivo, “se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”. Además, la norma recuerda que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura”.
Labor educadora a futuras generaciones
Más allá de estos extractos, poco más se sabe oficialmente de la ‘reforma integral’ que se quiere acometer en el enclave. Un hecho que hizo disparar una vez más los rumores sobre el grado de intervención del Ejecutivo. “No se va a tirar la cruz ni se cerrará la basílica”, defienden fuentes de Moncloa a Vida Nueva. De hecho, el proyecto que parece concitar más acuerdo en las filas socialistas pasa por conservar el conjunto como icono figurativo del régimen, como punto de partida para realizar una labor educadora a las futuras generaciones.
¿El referente? El complejo de Auschwitz. “Si mutilas algo del Valle, no lo puedes explicar. Por eso no hay un espíritu destructivo, simplemente queremos añadir herramientas para entender lo que pasó desde una mirada crítica, que es la manera de poner las bases de una reconciliación”, comentan los fontaneros de la nueva norma, convencidos de su valor didáctico, “por ejemplo, para explicar la connivencia que en su momento hubo entre religión y fascismo y que se representa a través de la arquitectura”.
Eso sí, parece ser que sobre la mesa está la posibilidad de trasladar la tumba de José Antonio Primo de Rivera, ahora junto al altar, a una de las capillas laterales junto a los demás fallecidos, salvo que la familia desee llevarse su cuerpo para depositarlo en otro lugar.
Con este punto de partida, hasta el momento el Gobierno no se ha puesto en comunicación con representante eclesial alguno para transmitirles oficialmente sus planes para el Valle. Según ha confirmado esta revista, dentro de los encuentros de toma de contacto que han mantenido durante y tras el confinamiento entre Moncloa y la Conferencia Episcopal, solo apareció de pasada en la primera reunión mantenida el pasado mes de junio entre la Carmen Calvo y el presidente de los obispos, el cardenal Omella.
Dispuestos a dialogar
“La vicepresidenta tan solo comunicó que seguirían adelante con sus planes sobre el Valle de los Caídos, pero sin detallar ninguna medida concreta”, comentan desde Añastro con cierta sorpresa por enterarse por los medios de la iniciativa gubernamental, si bien confían que Moncloa no tenga cerrada a cal y canto la redacción de la futura norma.
“Del Consejo de Ministros ha salido un anteproyecto muy genérico que entra ahora en fase de estudio compartido. Ahora es el tiempo de abrir un período de conversaciones con todos aquellos que de alguna manera pueden verse implicados, entre ellos, la Iglesia. Queremos y buscamos una interlocución”, aseguran desde el equipo de Calvo, que tiene precisamente entre sus competencias tanto la memoria histórica como las relaciones Iglesia-Estado, que la vicepresidenta dejaría en manos del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Complutense, especialista en republicanismo español, además de alcalde de Almería entre 1991 y 1995.
El Episcopado, como ha ocurrido con las demás cuestiones abiertas como el IBI, las inmatriculaciones o la transparencia de las cuentas eclesiales, está dispuesto a sentarse para escuchar y aportar: “Nuestra máxima preocupación es que verdaderamente todo esto sirva para consolidar un proceso de reconciliación y no para avivar bandos con fines electoralistas en un tiempo de excesiva polarización política”. Reflejo de esta voluntad es precisamente la no obstrucción de los obispos y de Roma ante la exhumación de Franco, como signo de que el nacionalcatolicismo es cosa del pasado.
