El papa Francisco continúa su plan para la puesta a punto de las finanzas del Vaticano. El Pontífice ha anunciado hoy la creación de la Comisión de Asuntos Reservados, que estará presidida por el cardenal estadounidense y prefecto del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, Kevin Farrell, mientras que el arzobispo carmelita italiano y presidente de la Pontificia Comisión para los Textos Legislativos, Filippo Iannone, será el secretario.
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El equipo lo conformarán también el legionario de Cristo y secretario del Governatorato de la Ciudad del Vaticano, Fernándo Vérgez; el presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA), Nunzio Galantino, y el prefecto de la Secretaría de Economía, el jesuita español Juan Antonio Guerrero.
Transparencia económica
La Comisión tendrá como objeto supervisar los gastos de la Santa Sede en temas sensibles como la seguridad del propio Papa, es decir, como hace cualquier otro Estado. Por tanto, no pretende sino ser otro paso más en transparencia económica, porque solo queda bajo secreto lo aprobado por esta comisión y no ningún otro dato de las cuentas del Vaticano.
Esta nueva oficina vaticana responde a lo aprobado en el Código de Adquisición publicado el pasado mes de junio en forma de motu proprio del Papa, cuyo artículo 4.1 sobre normas de transparencia, control y competencia reclamaba la necesidad de que una comisión de control supervisará los contratos. En definitiva, es una “ley marco” que contiene las normas vigentes para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano: “Transparencia, control centralizado y competencia en los procedimientos de adjudicación”, con el fin de permitir una mejor gestión de los recursos y evitar la corrupción.
El texto, titulado ‘Reglamento sobre transparencia, control y competencia de los contratos públicos de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano’, consta de 86 artículos a los que se añaden otros 12 relativos a la tutela judicial en los litigios. La legislación en cuestión asume la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y reemplaza la normativa anterior ya vigente en la APSA y el Governatorato, extendiéndose también a todas las entidades de la Santa Sede que hasta ahora no tenían leyes propias para contratos y licitaciones, como informa SIR.
