“Necesitamos unas ‘finanzas limpias’ para que los ‘comerciantes’ no puedan especular en ese templo sagrado que es la humanidad, según el plan de amor del Creador”. De esta manera se ha expresado el papa Francisco esta mañana en la audiencia que ha mantenido con el Comité de Expertos del Consejo de Europa (Moneyval), que hasta el 13 de octubre está en el Vaticano evaluando las medidas adoptadas por la Santa Sede en materia de blanqueo de capitales.
“El trabajo que realizan es particularmente cercano a mi corazón. En efecto, está íntimamente relacionado con la protección de la vida, con la convivencia pacífica del género humano en la tierra y con una financiación que no oprima a los más débiles y necesitados: todo está vinculado”, ha comenzado el Papa diciéndoles.
Según sus palabras, “en algunos casos parece que se ha aceptado el predominio del dinero sobre el hombre. A veces, para acumular riqueza, no prestamos atención a su origen, a las actividades más o menos legítimas que la originaron y a la lógica de explotación que puede subyacerla. Puede suceder que los recursos económicos se destinen a sembrar el terror, a afirmar la hegemonía de los más fuertes, de los más dominantes, de los que sin escrúpulos sacrifican la vida de su hermano para afirmar su poder”.
El Papa ha propuesto que el dinero utilizado en armas y armamento militar se utilice para un fondo mundial para ayudar a los más pobres, tal y como afirmó san Pablo VI en su encíclica ‘Populorum progressio’ y ha retomado el propio Jorge Mario Bergoglio en ‘Fratelli Tutti’.
“Las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo son una herramienta para monitorear los flujos financieros, lo que permite tomar medidas cuando surgen tales actividades irregulares o incluso delictivas”, ha continuado el Papa. Y en esa línea Francisco promulgó el pasado 1 de junio en un ‘motu proprio’ para promover la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Así, el 19 de agosto, una orden del presidente del Governatorato sometió a las organizaciones y personas jurídicas del Estado de la Ciudad del Vaticano a la obligación de denunciar las actividades sospechosas a la Autoridad de Inteligencia Financiera.