El Comité de Bioética de España ha hecho público hoy, 9 de noviembre, su parecer acerca de la tramitación del nuevo proyecto de ley de la eutanasia, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Así, en el documento ‘Informe sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia: propuestas para la reflexión y la deliberación’, firmado por los doce miembros de este órgano consultivo adscrito al Ministerio de Sanidad ha subrayado que la eutanasia no es ni “un derecho” ni un “progreso”.
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En todo momento, el Comité ha apuntado que su intención es ofrecer una “reflexión” en un tema tremendamente “complejo”, sobre todo en un momento como el de la pandemia del Covid-19, que ha reafirmado la “urgencia” de implementar una “verdadera sociedad del cuidado”. “Responder con la eutanasia a la ‘deuda’ que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional”, subraya el organismo.
Por ello, el Comité ha señalado la necesidad de no confundir “lo lícito” con “un derecho subjetivo”. “Para que un deseo o una pretensión pueda, yendo más allá de lícito, transformarse en un auténtico derecho, es necesario poder situar dicha pretensión en el marco de las relaciones sociales como algo razonablemente exigible”, explica. Es decir, “la existencia del derecho exige razones más allá de los meros deseos de la persona, ya que implica poner en sus manos un poder que le permite controlar la conducta de otros, determinar lo que éstos deben hacer o dejar de hacer, y hacerlo con el respaldo del Estado”.
Una mirada compasiva al enfermo
De esta manera, los expertos han señalado que con la legalización de la eutanasia y su incorporación al total de las prestaciones del Estado, este “no tendría ya en sus manos la salud” de sus ciudadanos y ciudadanas, “sino la propia vida, soslayando uno de los principales límites del Estado liberal, en virtud del cual, la vida de los ciudadanos/as no puede estar a disposición de los poderes públicos”.
A lo largo de las 74 páginas de este informe, el Comité reflexiona acerca de los motivos de por qué legalizar la eutanasia supondría iniciar un “camino devastador” de la protección a la vida. “Por otro lado”, afirma, “la eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”.
Por otra parte, el Comité afirma que “la mirada compasiva”, que defienden a lo largo de todo el informe, “con la que debe ser apreciada la solicitud del sujeto que pide la eutanasia y/o auxilio al suicidio”, el organismo considera que “ya está recogida normativamente en nuestro Código Penal, y ello explica que en España el ingreso en prisión por actos eutanásicos sea algo no solo insólito, sino desconocido en las últimas décadas”.
Por último, los expertos sí hacen una propuesta: “La protección integral y compasiva de la vida nos lleva a proponer la protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario”. Esto, para el Comité, “junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad, debieran constituir, ética y socialmente, el camino a emprender de manera inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública”.
