La Iglesia venezolana entra en la cárcel: el Gólgota de los descartados

Son las 12 del mediodía. Los internos del retén de Cabimas, una población petrolera en el estado Zulia, al oeste de Venezuela, protestan “por agua y comida”. La escena se repite en los 44 centros penitenciarios que funcionan a la buena de Dios, ninguno se salva de la crisis. En tiempos de pandemia la situación empeora. Desde la Conferencia Episcopal, Saúl Ron, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz, denuncia que el hacinamiento es una de las principales causas del drama de los privados de libertad, que “viene acompañado de condiciones precarias, como transmisión de enfermedades que se creían erradicadas en el país como la malaria, la tuberculosis y la hepatitis”.

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Ya en el mes de mayo de este 2020, los obispos suscribieron un comunicado a propósito de una masacre en la penitenciaria de Los Llanos y denunciaron que “uno de los grupos más vulnerables del país” está en las cárceles. A fecha de hoy, todo sigue igual y “lo más lamentable es el retraso procesal” que lleva a muchos a cumplir penas con más años de lo estipulado y que, por tanto, “es inconstitucional”, lamenta Ron.

Según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 2019 “los recintos carcelarios venezolanos albergaron a 43.992 reclusos”, de los cuales “41.466 (94%) eran hombres y 2.526 (6%) mujeres”. De hecho, la principal causa de muerte durante ese año no fue la violencia, sino los problemas de salud por la falta de medicinas. En total, fueron 104 los reos que murieron sin atención médica, denuncia la organización.

Humanización de las cárceles

En estos tiempos de coronavirus, los pronósticos son reservados. Así opina Carlos Nieto, coordinador de ‘Una Ventana a la Libertad‘, organización no gubernamental que desde 1997 viene trabajando en la humanización de las cárceles. “La situación es sumamente grave, no hay prisión en Venezuela mejor o peor, todas sufren por igual”, sentencia Nieto, antes de advertir que “no hay mecanismos de ayuda para los privados de libertad”. Nieto se identifica únicamente como “un hombre de fe, no me considero laico ni nada”. Eso sí, desde “nuestra organización muchos sacerdotes nos acompañan en el trabajo que hacemos”.

En medio de esta preocupante realidad, “debemos buscar cómo tender la mano a quienes, pese a estar cumpliendo una pena, no merecen vivir como viven; en Venezuela los presos viven como los animales”. Y aprovecha para pedirle al papa Francisco que “abogue por ayuda humanitaria para las prisiones”, pues si afuera el venezolano medio vive los rigores de la crisis, “adentro de estos antros de desidia estatal es aún peor”.

Guerra a la pastoral

La ministra de Asuntos Penitenciarios del Gobierno de Nicolás Maduro, Iris Varela, ha declarado una guerra abierta a la pastoral penitenciaria y a todas las organizaciones humanitarias vinculadas con el tema, impidiendo su ingreso a los recintos desde 2012. Ponç Capell, sacerdote mercedario ilerdense y delegado de la Pastoral Carcelaria del Episcopado, reconoce que, ante esta situación, “la pastoral penitenciaria quedó prácticamente desmantelada tras las decisiones de la regente del Ministerio para el Servicio Penitenciario”.

Así, “cada obispo ha ido nombrando capellanes en la medida que la dirección de cada centro lo permite”, de tal modo que, a duras penas, “hay buen dinamismo en las diócesis de Los Teques, Barquisimeto, San Carlos, Margarita, Cumaná, San Cristóbal y Guárico”, mientras que “en Maracaibo, por ejemplo, solo hemos tenido acceso al recinto penitenciario de El Marite con ocasión de la fiesta de La Merced”.

El grado de servicio del régimen llega al punto de acelerar el procesamiento judicial de los presos políticos, por lo que “podemos hablar de juicios exprés con condenas mucho más largas”, incluido “el aislamiento total, que en otras palabras se trata de una vulgar desaparición forzosa, donde hay familiares que hasta la fecha están incomunicados o desconocen el paradero de sus seres queridos”, advierte la religiosa María José González, directora de Cáritas Los Teques, capital del estado de Miranda, la jurisdicción eclesial con el mayor número de penales en el país, con un total de seis.

Luz en la oscuridad

Neyda Rojas Moreno, religiosa mercedaria, con experiencia de más de 20 años de trabajo, bautizada por la BBC de Londres como “la mujer intocable de las cárceles venezolanas”, asegura que estos recintos “son un Gólgota. Allí crucifican diariamente a los hijos de Dios sin tener en cuenta su dignidad humana, estos lugares son convertidos en depósitos humanos”, además “con un deterioro crónico de la infraestructura y falta de personal capacitado”.

La monja desvela que el hacinamiento en las cárceles venezolanas ronda el 300%, con el consiguiente deterioro de los servicios básicos, como el agua o la electricidad. También impera la falta de autoridad, porque “son los mismos presos quienes gobiernan dentro bajo la figura de los llamados pranes, una especie de líderes negativos que en los propios recintos continúan con la actividad criminal, amparados por altos funcionarios”.