La Iglesia en Madrid reclama al Gobierno “alternativas” a los CIE

Efectivos de la Policía Nacional permanecen a las puertas del Centro de Internamiento de

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid reclama al Gobierno “alternativas” a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). “¿Tendremos que esperar a lamentar alguna desgracia para volver a denunciar la oportunidad perdida de buscar otras alternativas dignas y humanas a la detención de personas administrativamente indocumentadas?”, se pregunta en su carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al vicepresidente 2º, Pablo Iglesias; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y al defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán.



El arzobispado de Madrid critica la reapertura de los CIE en plena pandemia del coronavirus y afirma que “internar a personas en esas condiciones constituye un trato inhumano, indigno y degradante”.

Como ya hizo el pasado 27 de septiembre, con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, la Mesa por la Hospitalidad –integrada por la Comunidad de Sant’Egidio, Justicia y Paz, Cáritas, Confer Migraciones, Pueblos Unidos, Sercade, y la Delegación Episcopal de Movilidad Humana– muestra su “perplejidad” por la decisión del Ministerio del Interior “en unas circunstancias que no son mejores que cuando se cerraron, con un futuro tan incierto y un umbral de incertidumbre tan alto para todos”.

Alto riesgo para la salud de los internos

También recuerda que los CIE, “como reconoce la Administración, ni siquiera cuentan con la superficie mínima útil para desarrollar ninguna actividad grupal o relacional sin quebrantar la distancia de seguridad”. Por lo que se pone “en altísimo riesgo la salud de todas las personas internadas, funcionarias, empleadas en diferentes tareas o voluntarias”, agrega.

En el texto enviado ayer, la Iglesia madrileña denuncia que el Gobierno ha hecho “oídos sordos a ese clamor”. Así, la carta termina con “la esperanza de que el Gobierno de España revoque una decisión tan profundamente contraria a la dignidad humana y nuestra sociedad dé un paso adelante en la búsqueda de otros mecanismos de acogida, protección, promoción e integración de los inmigrantes y refugiados”.

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