En las semanas previas circulaban dudas sobre la realización del plebiscito por la pandemia, o por el rebrote de hechos de violencia. También se temía una alta abstención por temores o desinterés. Los obispos chilenos, como otras instituciones, hicieron claros llamados a participar expresando lo que se desea para el futuro del país.
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Esta es la primera vez que se redactará una Constitución política con directa participación ciudadana. Los sectores más conservadores hicieron una dura y agresiva campaña de desacreditación del cambio porque defienden la actual Constitución elaborada en la dictadura.
Alta participación
Sin embargo, el acto cívico rompió todos los temores: una altísima participación sin hechos de violencia, en orden y tranquilidad; un resultado aplastante en favor del “apruebo” en favor de la elaboración de una nueva Constitución y de una Comisión Constituyente como órgano que la redacte, ha sido un hecho histórico, sobre todo porque es producto de las manifestaciones multitudinarias de octubre del 2019 que abrieron este cauce. La masiva participación en el plebiscito rompe otra duda: su legitimidad, que se vería afectada si la participación era baja.
El Comité Permanente del Episcopado al término del día emitió una declaración en la que reconocen el positivo significado de este acto. “La jornada ha sido una gran muestra de civilidad de parte de jóvenes, adultos y personas mayores, dicen los obispos. Esta gran participación nos debe llamar a reafirmar el respeto a la decisión expresada en las urnas. Hoy es necesaria la unidad de voluntades para continuar la construcción de un mejor país, porque el proceso constituyente que se viene en adelante nos necesita a todos con lo mejor de cada uno y cada una”.
Este resultado abre el proceso de elaboración de la nueva Constitución que requiere elegir a quienes integren la Comisión Constituyente, y el año 2022 un nuevo plebiscito para ratificar el texto que se proponga.
Por ello, los obispos llaman a participar en este camino que se inicia. “En este nuevo caminar, el rol de la ciudadanía será fundamental. Motivamos a que las personas y organizaciones ciudadanas y políticas continúen el camino del diálogo, de escucha de ideas, propuestas y valores que serán fundamentales para la decisión que tendrá que tomar el electorado para elegir en abril de 2021 a los convencionales que deberán construir en conjunto la propuesta de una nueva Constitución para Chile”.
“Llamamos, continúan los obispos, a los diversos sectores políticos a generar los acuerdos que son atribución del Congreso para facilitar que este proceso sea verdaderamente representativo de la pluralidad de Chile”.
“Hasta que la dignidad se haga costumbre”
Finalmente, también llaman “a las personas católicas, les invitamos a interesarse, preocuparse y tener una activa participación en los procesos que se aproximan, porque nada que involucra a la dignidad de la persona puede ser ajeno a los creyentes. Por esta razón es necesario promover en la nueva carta fundamental los valores cristianos esenciales sobre los que se ha cimentado la vida de nuestra nación”, concluye la declaración.
A media tarde, el presidente del Servicio electoral, Patricio Santamaría, expresó que “nunca antes habíamos visto un proceso de participación como el que estamos viendo. Evidentemente va a ser la participación más alta desde el año 2012 cuando se estableció el voto voluntario”, afirmó.
Con este acto plebiscitario, los chilenos inician un proceso para cambiar su Constitución Política con participación ciudadana y hecha en base a diálogo amplio. Proceso acordado por gran parte de los dirigentes políticos y sociales en noviembre del año pasado, para detener las pacíficas y alegres manifestaciones sociales multitudinarias que se repetían cada semana con el lema “hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Hubo también graves hechos de violencia a cargo de grupos reducidos que provocaron dolorosos efectos, en el enfrentamiento con Carabineros, dejando miles de heridos, decenas de muertos, miles de denuncias presentadas a los tribunales de justicia por violaciones a los derechos humanos y graves daños a infraestructura pública.
