La situación de presos políticos en Venezuela en las últimas semanas ha ido en aumento, por ello Ponç Capell Capell, responsable de la pastoral carcelaria de la Conferencia de Obispos, ha dicho a Vida Nueva que “toda detención debe realizarse según las leyes previstas en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal”.
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No obstante “la realidad es muy distinta y, aunque en Venezuela se han consolidado organizaciones civiles pro derechos humanos, la respuesta del Estado no es satisfactoria para muchos familiares y detenidos”, agrega.
De hecho “se han reportado casos de obispos que han intentado visitar, incluso a título personal, a algunos de los detenidos por causas políticas, cuya entrada ha sido denegada. Lo mismo ocurre cuando, muchas veces, los familiares reclaman información sobre el paradero o la salud de sus allegados” como el reciente caso del periodista Roland Carreño, detenido ilegalmente y acusado de terrorismo y por complicidad en la fuga del también preso político Leopoldo López.
Una crisis generalizada
La situación de las cárceles en Venezuela es compleja: los altísimos niveles de hacinamiento, la grave desnutrición, el cobro por acceder a mejores condiciones en los centros penitenciarios y de detención policial, la presencia de tuberculosis y de coronavirus en algunos centros de reclusión, cuentan entre algunos de los males.
El sacerdote mercedario ilerdense lleva años en misión en las prisiones de Venezuela, cuya crisis social, política y económica “no afecta solamente al ámbito penitenciario, sino que tiene una dimensión integral”.
Entre estos daños colaterales al sistema penitenciario se encuentran “dificultades en el transporte privado y público, por la falta de gasolina, agravado por la situación de aislamiento social derivado de la pandemia del Covi-19, de graves fallos del servicio eléctrico con su impacto en lo comunicacional, carestía de alimentos, inflación económica que ha causado el derrumbe de salarios para la población”.
Respeto a la dignidad humana
Para el gobierno izquierdista de Nicolás Maduro “la Iglesia y su pastoral liberadora son un estorbo”, por lo que “las pretensiones totalitarias y dictatoriales son contrarias al correcto ordenamiento y funcionamiento de un sistema penitenciario al nivel que exige la legislación internacional actual”.
Por tanto “el Estado debe abrirse a las aportaciones que la sociedad en su conjunto pueda brindar para lograr el objetivo fundamental de todo centro penitenciario concebido en la mentalidad moderna”, acotó.
Citando al Papa Francisco, en su última encíclica Fratelli Tutti, el mercedario apela que “todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad”.
Actuar con prudencia
De momento –aconseja el presbítero– es necesario actuar con prudencia “siguiendo las indicaciones del Papa Francisco, a promover procesos a largo plazo más que a enfrascarse en aspiraciones de transformaciones inmediatas”.
Ponç habla con parresía: “una virtud en ciertos contextos, mientras que en otros se percibe como una negligencia”, porque “no es fácil afrontar una situación de restricción de libertades, de criminalización de la disidencia y protesta, por parte del Estado, como la que está soportando toda la población venezolana”.
En tanto “la Iglesia está inmersa en esta coyuntura” que además de crítica resulta desorientadora “por la falta de líderes alternativos con valores y actuación claramente definida y coherente”, aún cuando desde la propia Conferencia Episcopal, en prácticamente todos sus pronunciamientos han sido han sido claros y evidentes” en pro de suscitar “decisiones en el plano político, económico, social y legal”.
Foto: Misioneros de Lleida
